La administración departamental puso en conocimiento de la Fiscalía al exfuncionario Bryan Steven Naranjo Raigoza. El caso estaría relacionado con el uso indebido de un vehículo oficial para fines personales.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno del Quindío confirmó que ha interpuesto una denuncia penal contra el exsecretario de Agricultura, Bryan Steven Naranjo Raigoza. El exfuncionario es señalado como presunto responsable del delito de Peculado por aplicación oficial diferente, tras conocerse hechos que comprometerían bienes del patrimonio público de los quindianos.
Aunque el comunicado de la administración se mantiene bajo los términos de la reserva legal, la denuncia surge a raíz de informaciones que indican que Naranjo Raigoza habría utilizado una camioneta oficial de la Gobernación como garantía o parte de pago de una deuda de carácter personal.
Ante la gravedad de los señalamientos, el Gobierno Departamental manifestó que su actuación tiene como fin primordial que la Fiscalía General de la Nación adelante de manera “célere y adecuada” las investigaciones para esclarecer la situación.
La administración departamental enfatizó que esta medida responde al cumplimiento de su deber legal y al principio de transparencia.
“Como administración pública y atendiendo nuestro principio rector de trabajar ‘Por y para la gente’, cumplimos con nuestro deber de poner en conocimiento de los organismos competentes cualquier situación que pueda afectar el patrimonio público”, reza el documento oficial.
Asimismo, la Gobernación hizo un llamado a la opinión pública a la prudencia y al respeto por el debido proceso, instando a evitar especulaciones que puedan entorpecer el curso de las indagaciones judiciales.
El Gobierno del Quindío aseguró estar plenamente dispuesto a colaborar con las autoridades investigativas y judiciales. Reiteraron que la transparencia y la legalidad son los pilares de la actual gestión, prometiendo informar a la ciudadanía sobre cualquier avance relevante, siempre dentro de los límites que permita la ley.
Este escándalo administrativo pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el control de los bienes estatales y la ética en el ejercicio de los cargos de libre nombramiento y remoción en el departamento.
