En un giro drástico a la política tributaria bajo el marco de la emergencia económica, el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, oficializó un agresivo paquete de medidas que busca recaudar 11,1 billones de pesos. El eje central de la reforma es la unificación del IVA al 19 % para la mayoría de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar, una decisión que busca sanear las arcas del Estado y financiar el sistema de salud.
El cambio más contundente impacta a los licores destilados y fermentados. Productos de consumo masivo y selecto como el aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos y aguamiel perderán su tarifa preferencial del 5 % para tributar bajo la tarifa general del 19 %.
Según el jefe de la cartera de Hacienda, este ajuste elimina tratamientos especiales en el sector de bebidas, trasladando el costo directamente al precio final del consumidor. El Gobierno justifica la medida no solo por necesidad fiscal, sino como una herramienta de salud pública para desincentivar el consumo de bebidas de alta graduación.
A contramano de los demás licores, la cerveza fue excluida de este incremento y mantendrá su régimen tributario actual. Hacienda argumentó que esta bebida posee una “dinámica social distinta” y una presencia transversal en la economía de los hogares colombianos, lo que la hace intocable en esta reforma para evitar un impacto inflacionario mayor en los sectores populares.
El reordenamiento tributario también alcanzó a los juegos de suerte y azar, aunque con un matiz técnico, el IVA del 19 % se aplicará únicamente sobre la ganancia real del operador (ingresos totales menos premios pagados) y no sobre el valor apostado, buscando no asfixiar a las casas de apuestas ni fomentar la ilegalidad, se estableció una tarifa de hasta el 5 % para personas naturales con activos superiores a los $2.000 millones y se confirmó una sobretasa para las entidades bancarias dentro del mismo plan de recaudo.
Los recursos obtenidos por el alza a los licores serán destinados específicamente al aseguramiento en salud. Se mantendrán exentos los productos para exportación y el consumo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, bajo estrictos protocolos de marcaje para evitar el contrabando hacia el continente.
