Con la presencia de representantes de la CRQ, de la alcaldía de Calarcá, gobernación del Quindío, Ejército, Policía ambiental, ministerio de Minas y Energía, Defensoría del Pueblo y del representante a la Cámara Luciano Grisales se adelantó ayer una mesa ambiental, en la que a raíz de una queja y preocupación de algunos propietarios de predios del sector de la vereda Calle Larga del municipio de Calarcá por la actividad minera.
La problemática la expresa Nicolás González Botero, vocero de propietario del sector turismo de la zona.
Indicó que los predios están ubicados en el sitio donde hacen la conjunción el Río Verde y el Quindío, en donde se ha evidenciado la presencia de mineros “creemos nosotros que ilegales, en la medida en que no se encuentran registrados en el sistema”.
Expuso también que hay una situación particular en cuanto las autoridades no tienen claridad sobre las competencias que tiene cada una en estos temas. “Lo que se está intentando es verificar a quién le toca qué para controlar la actividad y qué podemos hacer los propietarios para proteger el medio ambiente”.
Daño ambiental
De acuerdo con González Botero, una de las grandes preocupaciones es que para ejecutar las labores, se utiliza el mercurio y químicos que son grandes contaminantes.
“Dentro de los códigos está establecido que para extraer oro no se puede cavar, el problema es que ellos hacen rotos en la orilla del río haciendo que cada vez con estas olas invernales más fácil el río se desborde y llegue a los predios”, acotó el propietario.
Concluyó que queda satisfecho con las conclusiones del encuentro y espera que una próxima reunión se avance en los lineamientos y que por lo pronto la Policía y el Ejército tengan herramientas para actuar.
Acuerdos pactados
Como conclusión luego de 2 horas de discusión se dejó claro que es la administración municipal la que tiene el liderazgo en la inscripción de los mineros artesanales o de subsistencia bajo algunos principios básicos entre los que destaca la protección del medio ambiente.
También es de destacar que los trabajadores deben ser vecinos del sector –del municipio-. En este aspecto, el teniente coronel Andrés Jovel Casanova, de asuntos mineros del Ejército expuso una situación particular con ciudadanos venezolanos que han encontrado y cómo pueden con esta población y otras situaciones actuar, ya que se desconoce la reglamentación.
Se pactó realizar una nueva reunión coordinada por la gobernación del Quindío en donde Miguel Mejía del área en mención quedó encargado de programarla.
La alcaldía deberá realizar un seguimiento al tema en mención e iniciar una socialización sobre la obligatoriedad de estar inscritos en el sistema para poder ejercer, sino aparecen, autoridad policial podrá actuar.
Se hará una capacitación para el manejo de la plataforma Génesis en donde deben estar registrados los mineros de subsistencia.
Dicho permiso tiene una temporalidad de un año y quien no lo tenga tendrá 6 meses de sanción.
