El coronel William Alberto Zubieta Pardo, subcomandante de la Policía Quindío, señaló que está en las manos del gobierno nacional, la solución para mitigar el hacinamiento en las cárceles, que para el caso del departamento está en el 185 %.
La alternativa de un pabellón en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, se cayó tras las nuevas políticas que buscan otras estrategias de manejo con las personas que cometen delitos.
Problemáticas del hacinamiento
“Seguimos con un hacinamiento en las salas de retención de la Policía de un 185%, estamos adelantando las actividades con la secretaría del Interior, el Inpec y Uspec, para atender y evacuar algunos condenados que tienen resolución y que solo esperan el trámite del centro carcelario”, anotó el coronel.
Agregó que esta situación conlleva otras situaciones apremiantes como el tener 18 condenados en los centros transitorios, que alrededor de 70 policías tengan que prestarles vigilancia y que se presente la vulneración de derechos a causa del hacinamiento.
“Estamos a la espera de las directrices toda vez que a la Policía no le ha llegado ningún lineamiento correspondiente a eso. Esperamos que a través de los gobiernos definan cuáles son los trámites a surtir posibles soluciones”, concluyó el subcomandante quien reiteró que la decisión es de carácter nacional.
Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, afirmó que los colombianos deben esperar del actual Gobierno políticas públicas novedosas, las cuales incluirán reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades para las personas que han sido condenadas o que están detenidas a la espera de un juicio.
Explicó que el compromiso del Gobierno es encontrar una solución duradera, cierta y no populista. El titular de la cartera de Justicia precisó que el propósito es superar el estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte Constitucional desde hace más de 20 años. Agregó que “El hacinamiento en las cárceles también tiene que ver con que las personas que son condenadas pasan demasiado tiempo en la cárcel. Es una reflexión que sé, no es popular y que no suscita adhesiones, pero la sociedad colombiana debería pensar si esas penas larguísimas, de 50 o 60 años tienen sentido cuando se trata de resocializar, crear segundas oportunidades y reparar a las víctimas”.
