Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hiciera una publicación invitando a políticos de izquierda a formar un único partido para las elecciones presidenciales de 2026, la congresista María Fernanda Cabal anunció su intención de demandar al mandatario por presunta participación en política.
Cabal expresó que presentará una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, argumentando que Petro estaría violando el artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe la participación en actividades de agrupaciones políticas y controversias políticas. Además, mencionó la presunta infracción al artículo 422 del Código Penal, que condena la intervención en política utilizando el poder para favorecer o perjudicar electoralmente.
Las fuertes declaraciones de la congresista surgieron después de que Petro compartiera una columna de opinión en la que llamaba a la unidad de los políticos progresistas, y propusiera la creación de un partido único progresista de cara a las elecciones de 2026. Cabal acusó al presidente de intentar eludir la Constitución y las leyes que prohíben la participación política.
Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial, hizo la propuesta de conformar un congreso progresista con más de 1.500 políticos electos en 2023, buscando la creación de un solo partido político y un Frente Amplio para ganar las elecciones de 2026 y asegurar la continuidad de su agenda progresista. Esta iniciativa generó diversas reacciones, con algunos respaldando la propuesta y otros criticando a Petro por presuntamente aprovechar políticamente el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba.
La congresista Cabal, por su parte, había criticado previamente las acciones del presidente y anunció su intención de denunciarlo por su participación en política partidista, considerando que Petro hace “lo que le viene en gana”.
Hasta el momento, se desconoce la fecha y hora en que la congresista presentará la denuncia formal.
Cuando Uribe extraditó a alias Sonia y Simón Trinidad, guerrilleros de las Farc, a Estados Unidos, Piedad y la insurgencia insistían en que ambos debían regresar a su país.
Sostenían que mantener secuestrados a tres estadounidenses se convertiría en una táctica de presión para lograr sus demandas. Gran parte de esta información provino de los ordenadores del llamado canciller de las Farc, alias Raúl Reyes, quien falleció en Ecuador en marzo de 2008 durante un operativo militar liderado por Colombia.
Sin embargo, dicha información no pudo ser utilizada judicialmente debido a la falta de cumplimiento de los procedimientos legales. Esta deficiencia procesal en la obtención de pruebas condujo a que la justicia le restituyera a Piedad el derecho de ser elegida en cargos públicos, además de una indemnización de 2.000 millones de pesos. La causa penal en su contra tampoco tuvo éxito. Se supo en ese momento que Piedad era conocida en las filas de las Farc bajo el alias de Teodora.
