La Fiscalía General está pendiente de recibir el testimonio de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres, para revisar la posibilidad de otorgarles un principio de oportunidad que les garantice inmunidad a cambio de revelar detalles sobre la denuncia de corrupción más grave en la administración de Petro.
Además, se espera escuchar a los contratistas de los carrotanques, quienes recibieron 46.800 millones de pesos en octubre de 2023, antes de las elecciones locales. Según el testimonio de Pinilla, estos empresarios habrían entregado dinero en tulas para sobornar a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.
La historia está llena de detalles que aún no se conocen por completo. Se espera que en los próximos días, las declaraciones y las evidencias entregadas a la Fiscalía arrojen luz sobre los nombres, los hechos clave y el dinero que falta en la trama. El contrato en cuestión, ganado por la empresa Impoamericana Roger SAS, habría implicado un soborno de $7.700 millones, correspondiente al 15 % del total del contrato. Este dinero fue entregado en tulas negras a Sneyder Pinilla por los contratistas.
La licitación exprés para la compra de 40 carrotanques se realizó bajo el decreto presidencial para la emergencia climática en La Guajira, sin estudios y sin competencia real. Aunque Impoamericana Roger SAS presentó la oferta más costosa, se le otorgó el contrato sin pedir ningún anticipo y sin experiencia previa en el sector. Las conexiones entre las empresas participantes en la licitación y los representantes de la UNGRD levantaron sospechas. Se sospecha que hubo un pacto para simular competencia y garantizar que el contrato fuera otorgado a Impoamericana Roger SAS.
Los testimonios de López y Pinilla serán fundamentales en esta investigación. Ambos buscan obtener un principio de oportunidad que les garantice seguridad a cambio de colaborar con la justicia. El escándalo ha salpicado a políticos de alto nivel, como Iván Name y Andrés Calle, quienes niegan las acusaciones. También han salido de Presidencia dos funcionarios: Sandra Ortiz y Andrés Idárraga.
La filtración mediática de los últimos días parece ser un intento de presionar a la Fiscalía para que otorgue el principio de oportunidad a los testigos. Sin embargo, la negociación podría no ser fácil, y la Fiscalía ha pedido respeto por el debido proceso y que no haya presiones.
El caso Quintero también ha generado controversia, especialmente por las transferencias millonarias realizadas por la UNGRD a Corantioquia y Corpourabá en el momento de la salida de Olmedo López. Se investiga si hay algún papel de congresistas y excongresistas de Antioquia detrás de estos movimientos de dinero.
El presidente Petro ha reconocido su responsabilidad por haber nombrado a López en la dirección de la UNGRD y ha reiterado que cualquier funcionario corrupto en su Gobierno será destituido. Sin embargo, la Fiscalía ha recibido críticas por la aparente lentitud en el proceso de investigación.
Este escándalo de corrupción podría convertirse en una marca imborrable de la administración de Petro en los próximos años, y su desenlace aún está por verse.
