La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación y formuló cargos en contra de Gustavo Petro y Ricardo Roa por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña presidencial de 2022, lo que ha generado una ola de reacciones. Según el CNE, se habrían superado los topes de gastos permitidos por más de $5.355 millones entre la primera y la segunda vuelta, lo que está bajo investigación. Roa, actual presidente de Ecopetrol y ex gerente de campaña, también enfrenta cargos por su implicación en la supuesta violación.
El presidente Petro no tardó en manifestarse, argumentando que el CNE carece de la autoridad para investigarlo. Según su perspectiva, las acciones del organismo electoral son parte de un plan para sacarlo del poder antes de que concluya su mandato en 2026. A través de X y WhatsApp, el mandatario denunció que “ha comenzado el golpe de Estado”, asegurando que su fuero presidencial está siendo violado.
El CNE sostiene que gran parte del dinero no reportado proviene de entidades cercanas a su proyecto político. Entre las cifras en cuestión, destacan $500 millones donados por Fecode, así como otros aportes del Polo Democrático y la Unión Sindical Obrera (USO). Estos recursos habrían sido utilizados para gastos de campaña como la vigilancia electoral y la propaganda, pero no se registraron adecuadamente, lo que genera dudas sobre su legalidad.
El Consejo de Estado, en un concepto reciente, ratificó la competencia del CNE para investigar las finanzas de las campañas presidenciales, incluidas las de Petro. Sin embargo, aclaró que, aunque el CNE puede imponer sanciones administrativas, la eventual pérdida del cargo solo puede ser decidida por el Congreso de la República en casos de indignidad política. Petro ha interpretado esto como un ataque a la democracia y una violación de los derechos electorales del país.
