La reciente encuesta SABEMOS, publicada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y YanHaas, muestra que la desaprobación hacia el presidente Gustavo Petro sigue en un 50%, sin cambios significativos desde la medición de septiembre. En ciudades como Medellín, esta desaprobación alcanza el 62%, lo que resalta una creciente insatisfacción en ciertas zonas del país.
El sondeo, realizado entre 700 personas mayores de 18 años en cinco ciudades principales del país —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga—, indagó en diversos aspectos de la gestión del Gobierno. La preocupación más marcada entre los encuestados gira en torno a la seguridad. El 67% desaprueba las políticas de Petro en esta área, lo que refleja el escepticismo ante las estrategias del Ejecutivo frente a los desafíos en el control del orden público.
En cuanto a las negociaciones con grupos armados ilegales, uno de los ejes centrales de la administración Petro, la encuesta revela que el 82% de los ciudadanos prefiere medidas de seguridad más estrictas, en lugar de continuar con las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con ciertas disidencias de las Farc. A pesar de las críticas, el Gobierno ha desplegado 1.400 soldados en Cauca para enfrentar a las facciones no alineadas con los diálogos, y se ha extendido por seis meses el cese al fuego con el grupo dirigido por alias Calarcá.
Un aspecto positivo en los resultados es el apoyo del 50% de los encuestados hacia las políticas de protección de las fuentes de agua, un tema prioritario para el presidente Petro.
Además de los temas de seguridad, la economía también ha generado preocupación. Apenas el 11% de los encuestados percibe que la situación del empleo es buena, mientras que el 45% teme perder su trabajo. La situación del sistema de salud no parece ser mejor, con un 87% de los colombianos calificándolo como regular o malo.
En el ámbito político, el 58% de los encuestados cree que hubo irregularidades financieras en la campaña presidencial de Petro en 2022, una percepción que se refleja en las acusaciones del CNE contra el mandatario y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por violación de los topes electorales. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos (66%) no cree que exista un plan para derrocar al presidente, aunque la narrativa de un posible golpe de Estado ha sido recurrente en sus declaraciones públicas.
