Tras el trágico siniestro vial que cobró la vida de varios jóvenes en el puente Helicoidal de Calarcá, autoridades del orden nacional, regional y local se reunieron ayer en Armenia para dar paso al primer Consejo Territorial de Seguridad Vial. En este escenario, voceros del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, alcaldías y representantes del gremio transportador trazaron un diagnóstico preliminar y coincidieron en que las fallas institucionales y contractuales deben corregirse con urgencia.
Francisco Taborda, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte, señaló que el informe inicial, aunque en fase preliminar, permite establecer hallazgos graves relacionados con el incumplimiento de normativas por parte de las entidades responsables del transporte de los estudiantes. Según Taborda, el vehículo en el que ocurrió el siniestro no coincidía con el reportado oficialmente para prestar el servicio, y tampoco hay certeza sobre la existencia de un contrato entre la Universidad Alexander von Humboldt y la empresa transportadora que figuraba en los registros. Aún más delicado: el bus accidentado pertenece a una empresa de Cúcuta, sin que exista prueba de un convenio empresarial con la firma de Armenia que inicialmente habría sido contratada.
“No solo no hay contrato ni plan estratégico de seguridad vial reportado por la universidad, sino que el lugar registrado como domicilio de la empresa transportadora en Cúcuta no corresponde a una sede empresarial, sino a una vivienda particular donde ni siquiera atendieron a los funcionarios que fueron a verificar”, advirtió Taborda.
El funcionario también enfatizó que las responsabilidades deben ser asumidas por las entidades competentes: la Superintendencia de Transporte, los ministerios de Trabajo y Educación, e incluso la Fiscalía General de la Nación en el ámbito penal. Señaló que el informe será entregado a dichas instituciones para que avancen en las investigaciones y posibles sanciones. “Aquí no se trata de buscar un solo culpable, sino de entender la multicausalidad detrás de los siniestros y de actuar con responsabilidad y mesura”, recalcó.
Por su lado, Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga con acciones concretas sobre la infraestructura y el control de velocidad. “Mientras intervenía la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, teníamos un nuevo fallecido en Cajamarca. Este corredor se ha vuelto crítico desde la apertura del túnel de La Línea. Necesitamos cámaras de control, sanciones efectivas, señalización y sobre todo, rampas de frenado que salven vidas”, dijo el mandatario.
Por su parte, Juan Carlos García, presidente de la Asociación de Transportadores del Quindío, respaldó los llamados del Ministerio e hizo énfasis en la necesidad de que todas las instituciones educativas —desde colegios hasta universidades— cumplan con la obligación legal de tener y aplicar un Plan Estratégico de Seguridad Vial. “Las empresas transportadoras venimos cumpliendo. Lo preocupante es que muchas entidades educativas aún no han implementado estos planes que son obligatorios desde 2011. Esto es un campanazo de alerta”, afirmó.
El Consejo Territorial dejó varios compromisos, entre ellos, nuevas reuniones en Cajamarca, acompañamiento a municipios que carecen de organismos de tránsito y la articulación permanente con las autoridades regionales para vigilar el cumplimiento de las normas. “No basta con que las leyes existan, lo importante es que se cumplan”, concluyó Taborda.
Este encuentro marca un punto de partida para lo que debe ser un seguimiento riguroso, no solo a las causas de este lamentable siniestro, sino también a las condiciones generales del transporte estudiantil en el país.
