En una decisión de primera instancia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue hallado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, mientras que fue absuelto del cargo de soborno simple. La jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, validó los argumentos presentados por la Fiscalía y desestimó las tesis de la defensa.
La jueza fue contundente al afirmar que “el acusado (Uribe) conocía el plan”, estableciendo que el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve quedó probado “más allá de toda duda”. Según el fallo, se demostró que el abogado del expresidente, Diego Cadena, buscó que Monsalve se retractara de sus declaraciones.
Antes de anunciar su veredicto, la jueza Heredia hizo un llamado a respetar la decisión judicial, aclarando que “no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha… es un acto de justicia”. Durante la audiencia, la togada rechazó argumentos clave de la defensa, como la supuesta ilegalidad de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, afirmando que el secreto profesional no puede usarse para encubrir delitos. También validó las grabaciones hechas con un reloj espía y dio plena credibilidad a los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y su expareja, Deyanira Gómez.
El caso se originó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia, tras archivar una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda, abrió una investigación contra el expresidente por presunta manipulación de testigos. La Fiscalía sostiene que Uribe, a través de intermediarios, ofreció beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus testimonios.
La jueza programó para el próximo viernes 1 de agosto la audiencia en la que se conocerá el monto de la pena. Tras esa decisión, la defensa podrá apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta octubre para emitir un fallo de segunda instancia. Posteriormente, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso de casación. El abogado del expresidente, Jaime Granados, ha señalado que los delitos por los que fue condenado admiten la posibilidad de prisión domiciliaria.
