Amparo Arbeláez Escalante, exgobernadora del Quindío, está en el ojo del huracán nuevamente, esta vez no solo por la donación del estadio de Calarcá a la Fundación Abrazar, sino también por otra transferencia de bienes a una entidad privada religiosa.
La controversia inicial gira en torno a la Ordenanza 025 de 2007, que permitió la cesión gratuita del lote del estadio Guillermo Jaramillo Palacios a la Fundación Abrazar. Esta fundación estaba presidida por el exgobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Arbeláez Escalante está acusada de prevaricato por acción, celebración de contrato sin cumplir requisitos legales, peculado por apropiación y fraude procesal. El caso está actualmente en la etapa de juicio oral en la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, la situación se complica con una nueva denuncia relacionada con la Ordenanza 003 de 2007. Esta ordenanza permitió la donación de un terreno de 25.600 metros cuadrados en la vereda El Congal, Calarcá, a la comunidad religiosa de los Capuchinos de Cataluña y a la Fundación Hernán Mejía. La Veeduría ciudadana Red Veerte ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, argumentando que esta cesión contraviene la prohibición constitucional de donar bienes públicos a entidades privadas.
La investigación también ha abierto la puerta a otras denuncias sobre ordenanzas del gobierno de Julio César López Espinoza que autorizaron la entrega de lotes a título oneroso. Según abogados, la prohibición constitucional no se aplica en casos de cesiones onerosas o ventas, como el caso de las acciones de la Gobernación en la Zona Franca.
La Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ahora se encarga de esta nueva investigación, mientras el proceso por la donación del estadio sigue su curso.
