La reforma laboral que propone el Gobierno avanza a paso firme en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde ya ha sido aprobado cerca del 80% del articulado. Sin embargo, aún faltan puntos clave por debatir la próxima semana, como los contratos de aprendizaje, el agropecuario, las licencias de paternidad, y la prohibición de contratos por prestación de servicios en sindicatos.
Un aspecto que ha generado interés es la inclusión de convenios laborales para víctimas del conflicto armado y los cambios al artículo 34 de la Ley 789 de 2002. La modificación busca ampliar la protección social y mejorar las condiciones laborales en sectores vulnerables. Asimismo, se revisaron las reglas sobre contratos a término fijo, estipulando un máximo de cuatro años, y la conversión automática a contrato indefinido si no se formalizan por escrito.
Uno de los puntos más controvertidos es el aumento gradual del recargo nocturno para trabajos en domingos y festivos. El incremento, que comenzaría en 2025, llegaría al 100% en 2027, lo que para algunos representa un esfuerzo en favor de los derechos laborales, mientras otros alertan sobre el impacto negativo en la empleabilidad.
Los expertos en el área económica y laboral han alzado sus voces, expresando diversas preocupaciones. Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight, ha sido enfático al señalar que aunque el proyecto es visto como un avance para el Gobierno, “no necesariamente lo es para el mercado laboral”. Según él, el aumento de los costos laborales podría frenar la generación de empleo, en especial cuando la economía está en proceso de adaptarse a nuevas realidades tecnológicas y digitales.
Por su parte, David Cubides, director de Investigaciones en Alianza, ha subrayado que la reforma no aborda de manera estructural problemas como el desempleo y la informalidad. Cubides también alertó sobre la falta de incentivos que promuevan una mayor empleabilidad, una necesidad urgente en el país.
Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha defendido el proyecto, argumentando que la flexibilización laboral no debe ir en contra de los derechos de los trabajadores. Para la ministra, la reforma busca mejorar las condiciones laborales y generar igualdad en los salarios.
Queda en manos de la Comisión Séptima del Senado y la plenaria del mismo organismo el debate final, y con él, las decisiones que podrían cambiar el panorama laboral del país.
