En las últimas horas se adelantó la audiencia de imputación de cargos contra la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante y el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, por Prevaricato, contrato sin cumplimientos de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación en favor de terceros.
Ninguno de los dos aceptó los cargos, pero continuarán vinculados al proceso y en el término de 6 meses no podrán vender sus bienes sujetos a registro.
Para Jaramillo Cárdenas, los cargos señalados por la Fiscalía fueron; Coautor del delito de fraude procesal y coautor a título de interviniente en la comisión de la conducta de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación agravado y fraude procesal agravado.
El contexto
De acuerdo con el organismo judicial, Arbeláez celebró un contrato de cesión gratuita en 2007 sobre un terreno con extensión cercana a los 20.000 metros cuadrados que fue entregado a la Asociación Abrazar, cuyo representante es el actual mandatario del Quindío.
“El inmueble, ubicado en Calarcá superaba en valor los 12.100 millones de pesos y habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones”, precisó la Fiscalía en su momento.
Arbeláez Escalante, aprovechando su condición de mandataria local, tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental para que esta le permitiera transferir bienes y así ceder el terreno a la compañía privada.
Para la Fiscalía, la otrora gobernadora y Jaramillo vulneraron varias normas de carácter legal y constitucional. Además, se registraron elementos materiales que dan cuenta de posibles inconsistencias en la documentación y otros requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, según pesquisas, indujeron al error a funcionarios que terminaron por establecer los mecanismos para la tradición del predio.
