En acciones conjuntas servidores de la Fiscalía General de la Nación e integrantes de la Sijín dieron un duro golpe a la organización criminal ‘Dignidad’ dedicada a captar mujeres para fines delincuenciales relacionados con delitos contra la integridad y la libertad sexual.
Entre las víctimas de esta red criminal se lograron identificar varias mujeres, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y una menor de edad, quienes estaban en estado de vulnerabilidad.
Según se logró determinar estas personas eran contactadas para trabajar, supuestamente, como meseras; pero al llegar a Neiva (Huila) eran llevadas a dos establecimientos comerciales donde eran obligadas a prestar servicios sexuales a distintos hombres. Las víctimas eran obligadas a laborar hasta que pagaran los gastos de su transporte hasta la capital del Huila, lo mismo que su sostenimiento en el país.
Los delitos por los cuales fueron imputadas las siete personas capturadas, y privadas de la libertad son: trata de personas, explotación de la prostitución ajena agravado, en concurso homogéneo sucesivo; concierto para delinquir agravado, secuestro simple y acceso carnal violento en concurso homogéneo sucesivo. Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad en los hechos investigados. Los afectados con aseguramiento intramural son:
• Luis Anderson González Quiroga
• Larry Johan Delgado
• Blaneskis del Amor Villasmil Taborda
• Édgar Enrique Velásquez García.
Los demás procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria:
• Laura Daniela Aponte Vásquez
• Yessica Carreño Vásquez y
• Katherine Fuentes Rueda.
Los hechos que motivaron las indagaciones fueron denunciados en 2019 ante la Fiscalía General de la Nación por Migración Colombia, sede Neiva. Los delitos de los que fueron víctimas estas personas habrían ocurrido entre el segundo semestre de 2018 y la actualidad. Modus operandi Según se logró determinar Luis Anderson sería el dueño de los establecimientos comerciales a los que eran llevadas las mujeres; y su esposa, Laura, sería quien fungía como administradora. Yessica, Katherine y Blaneskis serían las encargadas de darles a conocer a las víctimas las condiciones en las que debían trabajar, además de explicarles que debían sostener relaciones sexuales con clientes a quienes les cobrarían sumas de entre 35 y 50 mil pesos por lo que se conoce como ‘el rato’. También debían beber licor con los visitantes haciendo que incurrieran en gastos mayores, por esto ganarían una pequeña comisión. Ante la situación de vulnerabilidad y sin dinero, las víctimas se veían obligadas a cumplir con las exigencias de sus captores, mientras completaban el pago mínimo por sus gastos, de la misma manera, algo de dinero era enviado a sus familias. Labores investigativas permitieron establecer que a varias de estas mujeres las mantuvieron encerradas prostituyéndose, y en caso de negarse a cumplir las labores o enfermedad, o porque los hombres se fueran sin pagar, les eran impuestas multas de hasta 50 mil pesos.
Suma que les era cobrada por empezar a trabajar tarde o si demoraban más del tiempo ordenado con el cliente, o si querían salir a la calle.
(Fiscalia)
