Una serie de decisiones judiciales han provocado un cortocircuito en el flujo financiero de la Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país. Durante el último Consejo de Ministros, el jefe de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que el sistema enfrenta una parálisis de recursos que asciende a los $2 billones, afectando directamente el suministro de fármacos para millones de afiliados.
La consecuencia más inmediata de este bloqueo se registró este lunes 19 de enero. Tras una mesa de concertación entre la ADRES, la Nueva EPS y directivos de Colsubsidio, se había pactado un desembolso de $60.000 millones para normalizar la entrega de medicamentos. Sin embargo, antes de que la transferencia se hiciera efectiva, el dinero fue congelado por una orden judicial.
“Teníamos los recursos para pagarle hoy a Colsubsidio, llegamos al acuerdo y embargaron la plata que había llegado para cumplirles”, denunció el ministro Jaramillo. Esta situación deja en el limbo la continuidad del servicio de dispensación de medicamentos que Colsubsidio presta a la EPS, agravando la crisis de atención en las farmacias.
El conflicto radica en la interpretación legal de los recursos. Aunque por ley los dineros de la salud son inembargables, el Ministerio de Salud reveló que algunos jueces justifican estas medidas bajo la tesis de que se trata de utilidades o gastos administrativos.
Jaramillo rechazó tajantemente este argumento: “Esos gastos administrativos tienen que ver con cómo se entregan las medicinas; están afectando el derecho a la vida”.
El presidente de la República calificó la actuación judicial como un acto de corrupción coordinado entre prestadores de servicios y operadores de justicia. Según el mandatario, algunas IPS estarían promoviendo estas demandas para capturar recursos del sistema de manera irregular.
“Si unas IPS ordenan embargar y los jueces les hacen caso, hay dos corrupciones. Están frenando el pago de las medicinas”, aseveró el presidente, quien pidió intervención inmediata de la Procuraduría y solicitó controles disciplinarios urgentes para los jueces implicados, mencionando específicamente casos en el departamento del Caquetá.
