La orden de captura emitida por la Fiscalía de Venezuela contra el candidato presidencial Edmundo González Urrutia ha generado preocupación a nivel internacional, especialmente entre los gobiernos de Brasil y Colombia, que han sido mediadores clave en la crisis poselectoral venezolana. En un comunicado emitido el martes, ambos países expresaron que la detención de González Urrutia afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano en los Acuerdos de Barbados, donde se reafirmó la importancia de fortalecer la democracia y promover la convivencia pacífica.
La orden judicial, que ha sido ampliamente rechazada por nueve países latinoamericanos y Estados Unidos, se considera un obstáculo para la búsqueda de una solución pacífica basada en el diálogo entre las principales fuerzas políticas de Venezuela. González Urrutia, un diplomático de 75 años que ha estado en la clandestinidad desde el 30 de julio, enfrenta cargos por desobediencia de leyes y conspiración, relacionados con su rechazo a las elecciones del 28 de julio y la publicación de una página web que cuestiona los resultados oficiales.
La reacción de Brasil y Colombia contrasta con la postura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha mantenido una actitud más reservada respecto a la crisis en Venezuela, abogando por la no injerencia extranjera y rechazando la convocatoria de nuevas elecciones, una propuesta que también ha sido rechazada tanto por Nicolás Maduro como por la oposición.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó a Maduro como presidente reelecto con el 52% de los votos, aunque sigue sin presentar el detalle del escrutinio, lo que ha generado mayor desconfianza y tensiones en la región.
