La empresa Thomas Greg & Sons ha decidido tomar medidas legales y demandar a la Cancillería por una cifra que oscila entre los 80.000 y 100.000 millones de pesos. Esto se debe al hundimiento de la licitación de pasaportes, lo cual ha generado una serie de problemas y escándalos. El canciller Álvaro Leyva ha anunciado que se declarará la urgencia manifiesta para evitar que el servicio de pasaportes se vea afectado en el país. Esto se debe a que la licitación fue declarada desierta después de múltiples dilataciones y controversias.
La próxima semana se revelarán más detalles sobre esta demanda. Mientras tanto, se ha informado que se declarará el estado de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, tal como lo establece el artículo 42 de la ley 80 de 1993. Cabe mencionar que Thomas Greg & Sons era la única empresa que participaba en el proceso de licitación, lo cual ha generado críticas sobre la falta de competencia. Incluso, algunas figuras públicas, como el senador Ariel Ávila, han denunciado posibles favoritismos.
La Contraloría General de la República también ha emitido una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debido al riesgo inminente de interrupciones o incluso parálisis en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, tanto a nivel nacional como en el extranjero.
