La cárcel de Peñas Blancas en Calarcá no será cerrada, pese a los serios cuestionamientos sobre las condiciones de salud de algunos internos. Así lo confirmaron las autoridades departamentales tras la realización de un comité penitenciario y carcelario urgente, convocado a raíz de una circular emitida por la Defensoría del Pueblo y las procuradurías, que alertaba sobre el deterioro en la atención médica, especialmente en el pabellón 5 del centro penitenciario.
El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez Cotrino, explicó que la reunión permitió reunir a todas las entidades competentes, entre ellas la Secretaría de Salud del departamento, la Fiduprevisora como entidad administradora del sistema de salud penitenciario, y el director regional del INPEC, que cubre Risaralda, Caldas y Quindío. “Uno de los problemas inmediatos, como el del agua potable, ya fue resuelto. También revisamos temas de infraestructura y establecimos compromisos claros para atender los casos urgentes de salud y agilizar las citas con especialistas que algunos internos llevan esperando hasta dos años”, señaló Pérez.
Además, se acordó hacer un corte de seguimiento a los compromisos para el próximo 21 de mayo y se descartó cualquier posibilidad de cierre del establecimiento. “De cerrarse esta cárcel, estaríamos frente a un problema grave porque no hay otros lugares disponibles para trasladar a las personas privadas de la libertad”, advirtió.
El coronel en retiro Juan Carlos Navia Herrera, director regional del INPEC, respaldó las conclusiones del comité, indicando que se han tomado medidas para subsanar los problemas identificados y que “la mayoría de los eventos ya han sido solucionados o están en vía de serlo con un plan de trabajo claro”. Resaltó además que el nivel de hacinamiento en Peñas Blancas se mantiene en el rango nacional tolerado, entre el 20% y el 25%, y que incluso ha disminuido en comparación con el año anterior.
En cuanto a los aspectos de salud, Navia destacó que se organizarán brigadas médicas especiales para atender los requerimientos represados. “Gracias a la intervención de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación, se va a poner al día la atención médica de los internos, especialmente aquellos con enfermedades crónicas”.
Por su parte, el secretario de Salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, indicó que se solicitó a la USPEC el envío de información detallada sobre la atención de al menos 325 personas con patologías de base y que se organizarán brigadas médicas desde la próxima semana. “Hubo avances concretos respecto al pabellón 5, y eso nos permite tener tranquilidad. Ahora estamos a la espera de la auditoría acordada y del plan de contingencia que determine si es necesario restringir nuevos ingresos al establecimiento”, explicó.
Las autoridades reiteraron que el hacinamiento sigue siendo un reto estructural del sistema carcelario en Colombia, pero que en el caso del Quindío aún se mantiene bajo control. No obstante, llamaron al Ministerio de Justicia para reactivar las obras del nuevo pabellón de Peñas Blancas, que ya presenta un avance superior al 50% y cuya suspensión, por falta de recursos, obstaculiza la descongestión de estaciones de policía donde actualmente permanecen personas sindicadas bajo custodia de uniformados.
“Necesitamos que los policías estén en las calles garantizando la seguridad, no custodiando internos. Por eso, el apoyo del Ministerio es clave para que esta obra continúe y contribuya a aliviar la presión sobre el sistema penitenciario del departamento”, concluyó Pérez Cotrino.
