El Ejecutivo colombiano manifestó su inconformidad con la determinación de Nicaragua de otorgar refugio político a Carlos Ramón González Merchán, nacional colombiano buscado por la justicia del país por presuntos delitos de carácter común.
Mediante una declaración conjunta, la Cancillería colombiana y el Ministerio de Justicia expresaron que no respaldan la decisión del gobierno nicaragüense de conceder asilo político a González Merchán, considerando que el ciudadano es requerido por las autoridades judiciales colombianas por la presunta perpetración de delitos comunes.
Las instituciones gubernamentales reconocieron y respetaron la figura del asilo concedido a personas que tengan justificación para invocarlo conforme a los instrumentos internacionales de los cuales Colombia es Estado Parte.
No obstante, la Cancillería y el Ministerio de Justicia señalaron que el asilo no puede ser invocado cuando la persona ha cometido delitos comunes o tenga una acción judicial originada por dichos delitos. Según los instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos.
El gobierno colombiano explicó que González Merchán enfrenta un proceso penal en el país, razón por la cual exigió su extradición. Las autoridades precisaron que el asilo político otorgado al exdirector del DNI desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre Colombia y Nicaragua de 1929, en el cual ambos Estados convinieron entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos.
El gobierno colombiano solicitó a Nicaragua considerar las pruebas aportadas por la Fiscalía y reconsiderar su decisión para revocar el asilo político a González Merchán, con el propósito de que pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó en entrevista con un medio radial nacional que el asilo solo puede concederse cuando existen razones políticas. Montealegre expresó la sorpresa del gobierno colombiano porque el asilo únicamente puede otorgarse cuando hay razones políticas, específicamente cuando se trata de delitos comunes vinculados con delitos políticos o delitos políticos, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
El funcionario aseguró que los cargos imputados a González son de naturaleza común y no políticos. Montealegre señaló que González no está siendo investigado ni procesado por delitos políticos en Colombia, sino por delitos contra la administración pública, cohecho, peculado y otras conductas punibles. El ministro indicó que cuando se trata de conductas punibles que son delitos comunes sin vinculación política o razones políticas, el asilo no procede.
Por último, Montealegre destacó que González tiene todas las condiciones procesales y garantías propias de un estado social de derecho, recibiendo las garantías exigidas por la Convención Americana de Derechos Humanos para un proceso justo y sin dilaciones injustificadas. El ministro confirmó que Colombia sí ofrece garantías a Carlos Ramón González.