La negativa del presidente Petro a aceptar vuelos de deportados desde Estados Unidos provocó una respuesta contundente del gobierno estadounidense.
Inmediatamente, se impusieron sanciones económicas y suspensión de visas, incluyendo aranceles del 25 % a Colombia.
La tensión se mantuvo hasta que el Gobierno Petro cedió y aceptó la repatriación de los colombianos deportados, lo que llevó a la suspensión temporal de las sanciones, aunque algunas permanecen hasta que se complete el proceso.
