En Bogotá, comenzó el tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno y la facción disidente de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC). Durante esta ronda, que se extenderá hasta el próximo 20 de enero, se busca prorrogar el cese al fuego acordado el 16 de octubre en Tibú, el cual tiene una duración de tres meses y vence el 15 de enero.
Leopoldo Durán, el nuevo líder de la delegación del EMC, asume su rol por primera vez, sucediendo a Andrey Avendaño. Además, Otty Patiño se estrena como alto comisionado para la paz en este ciclo.
Después del segundo ciclo, el grupo armado anunció la suspensión del secuestro extorsivo, una medida que ha influido en el proceso, el cual ha experimentado altibajos, especialmente debido a denuncias sobre posibles violaciones del cese al fuego.
Se espera que durante la reunión, que nuevamente se llevará a cabo a puerta cerrada, se aborde el tema de la transformación de áreas con economías ilícitas, como la región del cañón del Micay en Cauca, un importante enclave cocalero que ha generado tensiones entre el Gobierno y el Bloque Occidental de la disidencia de Mordisco.
Este tercer ciclo será crucial para que las partes evalúen el cumplimiento del cese al fuego bilateral y los acuerdos relacionados con el respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con informes, las partes han firmado un documento con 21 acuerdos, que incluyen compromisos como seguir las normas del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, evitar desplazamientos forzados, abstenerse de ataques a la población civil, no obstruir misiones médicas y humanitarias, entre otros.
Además de los temas humanitarios y de transformación territorial, se anticipa que en este tercer ciclo se abordará la situación socioambiental de la Amazonía en los departamentos del Guaviare, Caquetá y Putumayo.
La tarea principal de estas negociaciones será establecer una agenda clara de discusión. Aunque la mayoría de los 3.200 miembros de este grupo no suscribieron el Acuerdo de Paz de 2016, varios firmaron dicho pacto, lo que representa un obstáculo jurídico aún no resuelto por el Gobierno.
La oficina de comunicaciones de la delegación gubernamental señaló que al final del ciclo, si así lo decide la mesa, podría emitirse un comunicado oficial.
