Desde el Congreso de la República, varios parlamentarios manifestaron su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro el pasado domingo. Estas declaraciones, en las que instó a la ciudadanía a movilizarse para “impedir un golpe a la democracia”, fueron interpretadas por muchos como una afrenta contra la Corte Suprema de Justicia y el Estado de Derecho.
Para varios congresistas, las palabras de Petro no solo representarían un intento de construir una narrativa en la que los jueces son presentados como conspiradores contra su gobierno, sino también un intento de desviar la atención de lo que consideran una gestión deficiente durante el último año y medio.
El pronunciamiento del presidente se produjo el domingo 11 de febrero a través de sus redes sociales, donde expresó su apoyo a la movilización ciudadana pacífica y denunció supuestas maniobras políticas corruptas que atentan contra la democracia. Algunos legisladores criticaron las declaraciones de Petro, calificándolas de peligrosas e irresponsables.
La representante Catherine Juvinao consideró que hablar de “lawfare” implica insinuar que los jueces están conspirando para derrocar al gobierno, una afirmación que consideró temeraria. La senadora María Fernanda Cabal señaló que los llamados a la movilización ciudadana provienen de “un solitario” que intenta engañar a la población con narrativas revolucionarias.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia calificó como inaceptables las presiones de Petro sobre la Corte Suprema, recordando que dicho organismo está investigando tanto a uno de los hijos del presidente como a su campaña presidencial.
