En el reciente debate sobre el tema ambiental en Armenia, el concejal Jonatan Rojo subrayó la necesidad de establecer un control social y político sobre el medioambiente de la capital quindiana. “Debemos profundizar en estos temas medioambientales. Hemos abierto una puerta sobre la cual tenemos que seguir trabajando, hacia un control social y político en la gestión de las instituciones, permitiendo evidenciar que efectivamente se puedan lograr cambios y transformaciones. Esto dependerá no solo de la voluntad política, sino también del movimiento social y de la fuerza popular, que se siga fortaleciendo, generando procesos permanentes desde lo educativo”, afirmó Rojo. Además, destacó la importancia de generar discusiones y debates públicos sobre estos asuntos de interés público a nivel municipal, departamental y nacional.
Paulo César Rodríguez Ospina, gerente general de las Empresas Públicas de Armenia (EPA), expuso las acciones de la entidad en pro del medioambiente. “En cumplimiento del fallo del Tribunal Administrativo del Quindío (TAQ) de descontaminar las fuentes hídricas, EPA presentó en 2020 el nuevo plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la CRQ, aprobado por 20 años y enmarcado en tres fases. La primera fase, de 2020 a 2029, proyecta inversiones de 150 mil a 160 mil millones de pesos. La segunda fase, entre 82 mil millones y 85 mil millones de pesos, y la tercera fase, por 15 años, superará los 200 mil millones de pesos”, explicó Rodríguez.
El ambientalista Néstor Ocampo alertó sobre la crisis ambiental de Armenia, destacando que la densidad poblacional del Quindío es 7,2 veces el promedio nacional, y en Armenia es más de 56 veces. Señaló que la llegada de la industria al departamento, incluyendo la central eléctrica de La María, empresas multinacionales y la construcción del Túnel de La Línea, ha tenido un impacto significativo en el medioambiente.
Gustavo Nieto, funcionario de la Defensoría del Pueblo, indicó que la situación actual requiere que entidades de vigilancia como la Defensoría y la Procuraduría utilicen mecanismos constitucionales para defender el medioambiente. “EPA ha identificado 383 descargas directas a fuentes hídricas en el municipio y 25 fuentes contaminadas en Armenia. Ni la autoridad ambiental ni los municipios han cumplido en años anteriores, lo que lleva a que hoy se programen obras para cumplir con el PSMV hasta 2049, cuando debieron cumplirse en años anteriores”, concluyó Nieto.
