El paradero de buses del barrio Los Naranjos se ha convertido en el centro de una fuerte disputa administrativa y política. Mientras la Alcaldía de Armenia anunció el cierre del establecimiento comercial que allí funcionaba y una millonaria sanción, el concejal Juan Camilo Tabares denunció una presunta falta de articulación institucional que habría inducido al error al comerciante afectado.
Según el concejal Tabares, el ciudadano sancionado contaba con un contrato de aprovechamiento económico otorgado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EUA) desde principios del año pasado. El cabildante reveló documentos que indicarían que la empresa Amable dio “viabilidad técnica” en mayo para realizar un cerramiento en el módulo del paradero, espacio que es de uso exclusivo del sistema de transporte público.
“Amable le dio la autorización y Planeación dijo que Amable ya había avalado. El señor estaba autorizado para hacer ese cerramiento”, afirmó Tabares. El concejal cuestionó la ética de la administración al imponer una multa de $52 millones por una construcción que, según sus hallazgos, nació de permisos otorgados por las mismas dependencias municipales.
Por su parte, la Administración Municipal, en un operativo conjunto con la Policía Nacional y las secretarías de Gobierno, Salud y Planeación, ejecutó la suspensión temporal de la actividad económica por 10 días en el Paradero con Espacio Público (PEP) Los Naranjos.
Tras la verificación de requisitos, la Alcaldía concluyó que el establecimiento presentaba las siguientes irregularidades por nncumplimiento en el concepto de uso de suelo, falta de concepto de seguridad humana por parte de Bomberos, deficiencias en el concepto sanitario de la Secretaría de Salud y ocupación indebida del espacio público mediante el cerramiento en cuestión.
Además de la multa superior a los $52 millones impuesta por la Inspección 13 de Control Urbano, las autoridades ordenaron la demolición de la estructura para restituir el espacio a la comunidad.
Para el concejal denunciante, el caso refleja una grave “desarticulación” entre Amable, la EUA y Planeación Municipal. Tabares sugirió que el comerciante podría tener bases legales para demandar a la ciudad: “Si usted es abogado, tome este proceso porque se da una platica”, sentenció, señalando que la responsabilidad recae en la Alcaldía por autorizar inicialmente algo que legalmente no se podía cerrar.
