La orden de desalojo ejecutada por la alcaldía de Filandia este jueves en el parque principal del municipio generó una fuerte confrontación entre los comerciantes tradicionales y el alcalde Duberney Pareja, quien defiende la medida como una acción legal en defensa del espacio público.
Nicolás Cuéllar, uno de los comerciantes afectados, denunció públicamente que el procedimiento fue “ilegal” y que se vulneraron derechos fundamentales de quienes llevan más de dos décadas ejerciendo actividades comerciales en el lugar. “Llevamos más de 25 años allí, regidos por un acuerdo municipal de 2003 que establecía condiciones de permanencia, incluyendo el pago de industria y comercio y de servicios. Pero el alcalde llegó, se interesó por nuestros puestos, instaló nuevos quioscos —que no están contemplados en el acuerdo— y ahora quiere tomar el mío. Eso no es recuperación del espacio público, eso es reemplazar a unos por otros”, afirmó Cuéllar, quien además señaló que hay una tutela en curso y un derecho de petición que no fueron respondidos antes de proceder con el desalojo.
Por su parte, el alcalde Duberney Pareja defendió la medida, asegurando que la administración ha actuado conforme a la ley y que el decreto 115 de 2024, que regula la recuperación del espacio público, ya surtió control de legalidad por parte de la Gobernación del Quindío. “Nosotros socializamos, concertamos y fuimos claros: el espacio público es de todos, no de unos pocos que lo han usufructuado durante años e incluso han construido negocios de alto rendimiento en terrenos que son públicos. No vamos a regalar el espacio público a nadie, ningún país lo hace”, señaló Pareja.
El mandatario también apuntó contra líderes políticos como la diputada Jessica Obando y el concejal Yeison Agudelo, a quienes acusó de agitar la comunidad y desinformar sobre las acciones de la administración. “Estos señores están haciendo politiquería con el parque. Lo que hay detrás de esto es una defensa de intereses privados. Vamos a solicitar a la Procuraduría Provincial una investigación por extralimitación de funciones”, expresó en un comunicado.
La controversia continúa mientras se espera una decisión judicial sobre la tutela interpuesta por los comerciantes desalojados. Entre tanto, el parque principal de Filandia permanece como epicentro de tensión social y debate jurídico.
