En el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas, que involucraba a una red de sobornos y contratos irregulares liderada por el difunto senador Mario Castaño, han surgido nuevos nombres de figuras políticas vinculadas al caso.
Esta vez, el exgobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, ha sido llamado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, en medio de investigaciones sobre su participación en la red. Jaramillo fue señalado por el exsenador Ciro Ramírez, quien se encuentra bajo arresto, como un actor clave en los hechos de corrupción en la región.
En su declaración, Jaramillo admitió haber recibido a Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío, quien es señalado como el enlace entre Castaño y la gobernación en una serie de contratos irregulares. Herrera, quien actualmente colabora con la Fiscalía como testigo, habría sido el nexo principal para coordinar proyectos que beneficiaron a particulares mediante comisiones y acuerdos ilícitos, especialmente en Quindío y Tolima.
Aunque Jaramillo asegura que en su momento no percibió irregularidades en las conexiones de Herrera con entidades del gobierno, la Fiscalía sigue investigando su rol en la red de corrupción.
El testimonio de Jaramillo ante la Corte Suprema ha añadido detalles relevantes a la investigación. El exgobernador confirmó que se reunió con Pablo César Herrera en varias ocasiones, pero sostiene que, en ese entonces, no detectó actividades ilegales en los contactos que Herrera mantenía con instituciones como el Departamento de Prosperidad Social. Sin embargo, la Fiscalía señala que Herrera jugó un papel crucial en direccionar contratos irregulares y recibir comisiones en beneficio de ciertos sectores privados.
Por su parte, Herrera, quien coopera con la Fiscalía, ha proporcionado información que apunta a una red de sobornos orquestada para asegurar contratos públicos. La declaración de Jaramillo y el testimonio de Herrera son elementos clave en la nueva fase de la investigación, que busca desentrañar el entramado de corrupción en la contratación de obras en los departamentos de Quindío y Tolima, vinculando a varios congresistas y funcionarios.
