Mercedes Valencia, presidenta de la veeduría de seguimiento y control al sistema educativo en su componente de Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Quindío, destacó el trabajo adelantado por las entidades territoriales para garantizar el inicio del programa este año, pese a los desafíos en la contratación y asignación de recursos.
“Es importante mencionar que tanto el departamento como el municipio han trabajado diligentemente en la contratación. Recordemos que este proceso se realiza a través de la Bolsa Mercantil, y es esta la que determina los operadores, sin que las entidades territoriales tengan incidencia directa en esa decisión”, explicó Valencia.
En el caso del departamento, el operador inicial, Inversiones Nutrir, fue descartado debido a incumplimientos en requisitos técnicos como condiciones de salubridad, humedad en instalaciones, baterías sanitarias incompletas y falta de ventilación. Finalmente, tras una evaluación técnica, se seleccionó a la Unión Temporal Cócora 2025.
“Desde la veeduría hemos hecho un seguimiento riguroso en compañía de la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA), encargada de distribuir los recursos a los entes territoriales. También hemos planteado inquietudes sobre la composición nutricional de los alimentos, señalando el exceso de azúcares en las raciones entregadas a los niños”, añadió.
Para Armenia, el operador seleccionado Nutriarmenia 2025 busca garantizar que los estudiantes tengan acceso a su alimentación escolar a partir del 20 de enero, inicialmente con productos industrializados y posteriormente con alimentos preparados en sitio. Sin embargo, Valencia advirtió sobre las dificultades que enfrentan las entidades territoriales para asumir estos costos mientras los recursos nacionales se hacen disponibles.
“La UAPA nos manifestó que no pueden garantizar la disponibilidad de recursos para el primer trimestre, lo que obliga a los departamentos a destinar recursos propios que, muchas veces, no tienen. Aun así, en el Quindío hemos estado muy atentos, activando alertas tempranas para asegurar la continuidad del programa”, explicó la presidenta.
Finalmente, se convocó una mesa de trabajo para el próximo 6 de febrero con la participación de la UAPA y la Procuraduría de Familia, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas operativos y financieros del programa. “Es fundamental que el Ministerio de Hacienda y la UAPA agilicen los recursos y garanticen una ejecución oportuna, porque detrás de estas cifras hay niños y niñas que necesitan esta alimentación para su desarrollo”, concluyó Valencia.
