Este domingo, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que el Gobierno colombiano ya había presentado de manera oficial la petición de extradición de Carlos Ramón González, quien anteriormente dirigió el Dapre y se encuentra evadiendo a la justicia por su implicación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta revelación la realizó mediante una publicación en redes sociales, donde incluyó una captura de pantalla del email remitido por Óscar Muñoz, responsable de negocios en Nicaragua, dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación.
En el comunicado se indica que la embajada colombiana en Nicaragua entrega una nota de carácter urgente y prioritario solicitando la extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien reside en Nicaragua y es requerido por las autoridades judiciales colombianas para presentarse en un proceso legal, tal como se detalla en los documentos anexos; además, se insta a procesar la solicitud con la mayor celeridad posible.
González, que también ocupó la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia y es la figura de mayor rango imputada en el escándalo, enfrenta acusaciones por soborno, malversación mediante apropiación y blanqueo de capitales, originadas en la supuesta entrega de 4.000 millones de pesos a los ex presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, utilizando fondos de la UNGRD para respaldar las reformas sociales del Gobierno en el legislativo.
La solicitud de extradición se basa en el acuerdo bilateral entre Colombia y Nicaragua, suscrito en Managua el 25 de marzo de 1929.
Esta medida ya había sido adelantada por el jefe de Estado el viernes anterior, tras revelarse que en mayo de 2025 el encargado de negocios en Managua firmó una misiva pidiendo a Nicaragua que gestionara la residencia de González, la cual finalmente le fue concedida. En ese entonces, el ex servidor público ya había sido imputado.
De acuerdo con datos divulgados por un medio televisivo nacional, González obtuvo la residencia en Nicaragua a partir del 5 de noviembre de 2024. Posteriormente, el periodista Daniel Coronell expuso que el ex funcionario incluso residió en la vivienda de la Embajada de Colombia en Managua —una ostentosa propiedad en el barrio Las Colinas— entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.
La Cancillería, a su vez, aclaró que esa comunicación se envió sin aprobación desde Bogotá y que el asunto será remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno para su indagación.
En ese sentido, manifestaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores el jueves pasado que no habían dado instrucciones a la embajada en Nicaragua para realizar gestiones relacionadas con González Merchán; además, indicaron que en sus archivos no constan registros sobre el estatus migratorio de dicho ciudadano, ni sobre peticiones formales o informales presentadas por la embajada o por el propio nacional ante las autoridades nicaragüenses.
Otros ex funcionarios, como la antigua canciller Laura Sarabia o el ex embajador en Nicaragua León Fredy Muñoz, han rechazado cualquier participación en el procedimiento.
Sarabia afirmó, tras conocerse el caso, que no intervino ni fue informada sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua, y que esto queda registrado en los sistemas de trazabilidad de la institución.
Muñoz, por otro lado, explicó que González solicitó su entrada a Nicaragua en su rol como ex director del DNI, petición que, según él, fue rechazada inicialmente; sin embargo, confirmó que en una segunda ocasión facilitó la mediación con las autoridades nicaragüenses cuando el ex funcionario aún no había sido imputado.
Añadió que posibilitó su ingreso al país en un momento en que no existía imputación, sentencia, órdenes de detención, restricciones judiciales ni la alerta roja de Interpol que ahora requiere la Fiscalía General de la Nación; enfatizó que su conducta como embajador se limitó a las atribuciones diplomáticas, dentro del marco normativo, similar a gestiones realizadas con otros compatriotas, y que al renunciar en febrero de 2025 no había ningún procedimiento vinculado a Carlos Ramón González.
