El gobierno de Gustavo Petro planea erradicar 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, aprovechando los 270 días de vigencia del estado de conmoción interior (30 días transcurridos). Esta iniciativa, centrada en la erradicación voluntaria en Tibú, busca contrarrestar el aumento significativo de cultivos de coca en 2023 (más de 253.000 hectáreas), que contrasta con la baja cifra de erradicación forzada en 2024 (9.403 hectáreas).
El plan, que descarta la fumigación aérea, ofrecerá a las familias 1.280.000 pesos mensuales durante un año, mientras se implementan proyectos productivos legales.
Este programa, con una inversión de 362.000 millones de pesos (152.000 millones para la erradicación y 178.000 millones para proyectos productivos), priorizará a mujeres cabeza de hogar y proyectos asociativos, incluyendo créditos del Banco Agrario con periodos de gracia. Sin embargo, la estrategia enfrenta desafíos: la falta de claridad sobre el destino de las restantes hectáreas de coca en el Catatumbo, el riesgo de que los pagos se conviertan en financiamiento para el narcotráfico, y la necesidad de una mayor presencia estatal para garantizar la seguridad de los campesinos.
El plan se enmarca en una ofensiva contra el ELN, al que el gobierno acusa de intentar desestabilizar la región desplazando a la población. El éxito dependerá de la implementación efectiva del programa y de la capacidad del Estado para brindar seguridad y evitar la repetición de errores del pasado.
Expertos destacan la necesidad de un modelo integral que combata el crimen organizado y ofrezca alternativas viables a los campesinos.
