El inicio de la negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc en Tibú, Norte de Santander, marca un importante paso hacia la construcción de la paz en Colombia. A partir de ahora, ambas partes han acordado detener la guerra y continuar con el proceso de paz. El acuerdo incluye la suspensión de las acciones ofensivas por parte de ambas partes, con el objetivo de proteger a la población civil y reducir los efectos del conflicto.
El Gobierno Nacional emitirá un decreto de cese al fuego el 16 de octubre, facilitando así la continuidad del proceso. Las delegaciones presentes en la mesa de diálogo reconocen la importancia de un mayor alistamiento previo para implementar los mecanismos necesarios para el cese al fuego, con un enfoque especial en la protección de la población civil.
El 16 de octubre marcará el final de la etapa exploratoria y de alistamiento, dando paso formalmente al proceso de diálogos de paz con la instalación de la Mesa. Hace tres semanas, ambas partes anunciaron que el objetivo principal de este proceso de paz es dignificar la vida de los colombianos que han sido víctimas de la desigualdad social y del conflicto armado.
Se reconoce que este proceso debe generar espacios de participación real y efectiva para todas las expresiones de la sociedad. En este momento crucial, se ha tomado la decisión de extender el período de discusión de la agenda de la mesa de diálogos de paz desde el 8 de octubre hasta el 11 de noviembre. Durante este tiempo, se seguirán llevando a cabo visitas humanitarias en el territorio y se creará una comisión especial para abordar la situación de los miembros del Estado Mayor Central de las Farc que se encuentran privados de su libertad.
Además, se ha acordado que entre el 11 de noviembre y el 8 de agosto de 2024, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva de la implementación del acuerdo de protección de la población y cese al fuego. Durante este período, se analizarán los avances y el cumplimiento en el desarrollo de la agenda, así como los procesos participativos y los compromisos acordados. El Gobierno Nacional continuará garantizando el ejercicio libre del voto y la transparencia en los procesos electorales.
