La relación comercial entre Bogotá y Quito ha entrado en una fase de máxima tensión este jueves 22 de enero. En una medida de “espejo”, el Gobierno de Colombia anunció la imposición de un arancel del 30 % a un grupo selecto de productos ecuatorianos, respondiendo directamente a la “tasa de seguridad” que el presidente Daniel Noboa decretó contra las importaciones colombianas apenas 24 horas antes.
La crisis se originó cuando el mandatario ecuatoriano anunció que, a partir del 1 de febrero, cobrará un 30 % adicional a los productos colombianos. Noboa justificó la medida alegando una “falta de reciprocidad” del gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.
“Hemos hecho esfuerzos reales con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales, mientras nuestros militares enfrentan grupos criminales sin cooperación alguna”, sentenció Noboa a través de sus canales oficiales.
La madrugada de este jueves, el Ministerio de Comercio de Colombia calificó la medida ecuatoriana como una alteración unilateral de las reglas históricas. La ministra Diana Morales explicó que el gravamen colombiano, también del 30 %, se aplicará inicialmente a 20 productos estratégicos (aún por especificar), bajo un carácter “proporcional, transitorio y revisable”.
“No es una sanción ni una confrontación, es un instrumento legítimo para proteger nuestro aparato productivo”, afirmó la ministra Morales, subrayando que Colombia mantiene la puerta abierta al diálogo, pero no aceptará cambios arbitrarios en el marco comercial bilateral.
