El contralor departamental Luis Fernando Márquez Alzate indicó que la conclusión a la que han llegado tanto él como otros organismos de control es que la situación no es nueva y están dentro de un limbo.
Explicó que el hospital tradicionalmente ha traído un endeudamiento desde hace varios años. “No es de la administración actual”.
Agregó que la cartera con las EPS es muy cuantiosa y deja prácticamente sin con qué trabajar al hospital.
Gobernador, más gestión
“No es solamente la administración, sino la junta directiva en cabeza del señor gobernador. Me parece que le ha faltado hacer más gestión y no quedarse solamente con lo que le dice al gerente”, acotó Márquez Alzate.
Instó al mandatario departamental para que saque adelante el hospital. “La Contraloría acompañará la gestión para la recuperación de la cartera, también en un plan de austeridad en donde se analice qué servicios prestar y cuáles ignorar por el momento”, indicó el contralor.
Mencionó que no es concebible que un municipio como Calarcá con todos sus habitantes y otras localidades que se benefician de la IPS se vaya a cerrar. “La responsabilidad es de todos para sacar adelante el hospital. La junta directiva debe hacer lo propio para recuperar el hospital. Los temas personales y políticos tienen que hacerse a un lado para lograr ese propósito”.
Concluyó que el problema que ve en la Misericordia de Calarcá es la cartera y la falta de gestión por parte de la junta directiva y la administración. “Muchos intereses políticos, pero no veo problemas de corrupción”.
Sostuvo que este martes estuvo en el hospital para analizar acciones a seguir.
Sin plan de contingencia
La secretaria de Salud departamental, Yenny Alexandra Trujillo Alzate, informó que el gerente del hospital La Misericordia Bernardo Gutiérrez Montoya no entregó un plan de contingencia por lo que el día de hoy recibiría visita del contralor y procurador.
Destacó que el miércoles a primera hora tendrá lugar una nueva reunión. Pidió apoyo a las IPS para la prestación del servicio a la comunidad calarqueña y que se debe abrir nuevamente el hospital.
Una vez más, el Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, fijó su posición frente a la crisis del hospital y enumeró las gestiones que desde su administración se han realizado para buscar solución a los problemas financieros y administrativos del ente de salud, los contactos hechos ante las EPS y las puertas tocadas ante diferentes instancias para atender la crisis que hoy se afronta; fue contundente al afirmar que la Gobernación sí ha generado y ha buscado alternativas para enfrentar la crisis, pero fue claro al expresar que, a pesar de estas acciones, ni la junta directiva, ni la administración departamental pueden asumir consecuencias de los manejos administrativos que han llevado a que La Misericordia hoy enfrente la grave situación que la golpea.
Con plena disposición para aportar a la cartera del hospital La Misericordia, pero sin los documentos que sustenten el pago; así se mantiene la administración departamental frente a la crisis del centro médico asistencial con sede en Calarcá, luego de haberse surtido la reunión ordinaria de la junta directiva ayer.
La secretaria departamental de Hacienda, Aleyda Marín Betancourt, explicó que aunque la Gobernación tiene claro que le adeuda a La Misericordia una suma de 300 millones de pesos, solo han sido conciliados y auditados 52 millones –que ya están en proceso de pago por parte del gobierno departamental-.
“La norma obliga que, cuando hay servicios que el hospital presta y no los cobra, se debe cumplir con unos requisitos de conciliación y auditoria, para que cuando la cuenta esté debidamente legalizada, Hacienda la pueda cancelar. Llevo 6 meses reiterándole al hospital como secretaria de Hacienda, el debido trámite conseguir los recursos y girarlos”, precisó Marín Betancourt.
La funcionaria relató que el primer punto que iba a ser tratado por la junta, correspondiente con el plan de contingencia, no fue tratado por problemas técnicos con los archivos aducidos por los representantes del centro médico. Para agravar la situación, se hizo manifiesta la inconformidad de la Gobernación por la débil recuperación de la cartera ejercida por la gerencia.
“A diciembre 31 de 2020, el déficit estaba en cerca de 5.500 millones de pesos; algo aceptable si se cuenta con una buena gestión administrativa que adelante cobros coactivos agresivos a las EPS, pero todavía estamos esperando una respuesta aceptable en la materia. Hoy en día el déficit se ha incrementado a 12 mil millones y la cartera morosa tiene un deterioro de 4 mil millones, con lo que la cobrable suma más o menos 7 mil millones de pesos”, reiteró.
