En una decisión que marca un hito en la historia económica reciente del país, el presidente Gustavo Petro anunció que, mediante decreto, el salario mínimo en Colombia experimentará un incremento del 23% para el año 2026. Con este ajuste, la remuneración básica de los trabajadores, sumando el auxilio de transporte, llegará a la cifra redonda de $2.000.000 mensuales.
La medida se tomó de forma unilateral por parte del Ejecutivo tras el fracaso de las negociaciones en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales. Pese a las semanas de diálogo entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales, las posiciones se mantuvieron distantes, obligando al presidente a definir el aumento por decreto antes de finalizar el año.
Para el Gobierno Nacional, este incremento es uno de los más altos en décadas, es una respuesta necesaria frente al elevado costo de vida, el precio de los alimentos y el alza en los servicios públicos. El objetivo central, según el mandatario, es devolverle el poder de compra a millones de hogares colombianos que han visto sus finanzas golpeadas por la inflación.
El ajuste a 2 millones de pesos no solo impacta el bolsillo de los empleados formales; también activa automáticamente una serie de incrementos en la economía. Rubros como el costo de los arriendos, multas de tránsito, tarifas de servicios y diversos contratos estatales se verán modificados, ya que su cálculo está indexado al salario mínimo.
Mientras los sectores sindicales celebran la cifra como una victoria social, los gremios y analistas económicos han manifestado su preocupación por el posible impacto en la inflación del próximo año y los retos de sostenibilidad que esto plantea para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el país.
