La Superintendencia de Transporte abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra las empresas TRANS LOGYTOUR S.A.S., TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA y CIA SCA, así como contra el Centro de Diagnóstico Automotor CENDA DIAGNOSTICENTRO S.A., por presuntas irregularidades relacionadas con el siniestro vial ocurrido el pasado 24 de mayo en la vía La Línea.
El accidente, que involucró al vehículo de transporte especial de placas TBK683, dejó como saldo trágico la muerte de diez personas tras colisionar contra el puente Helicoidal, en el tramo entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío). Según la Supertransporte, la empresa TRANS LOGYTOUR S.A.S., propietaria del vehículo siniestrado, enfrenta dos procesos sancionatorios: uno por incumplimientos en el reporte de información y otro por supuestas fallas en la prestación del servicio de transporte el día del hecho.
A su vez, se formularon cargos contra TRANSPORTES GRANADA GONZÁLEZ GAMBOA y CIA SCA, al ser la empresa con la que presuntamente contrató la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt para el servicio de transporte.
Por otro lado, el CDA CENDA DIAGNOSTICENTRO S.A., ubicado en Armenia, también fue objeto de una investigación tras detectarse posibles irregularidades durante la revisión técnico-mecánica del vehículo implicado. Como medida preventiva, la Superintendencia ordenó la suspensión de su habilitación y su desconexión del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que esta actuación responde a un trabajo inmediato y coordinado de las entidades del sector para esclarecer los hechos: “Nuestro deber es garantizar que se cumpla la normativa vigente y que los responsables rindan cuentas”, declaró.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, hizo un llamado a la responsabilidad del gremio: “Los empresarios, conductores y operadores del transporte público son responsables de la integridad de los viajeros. No dudaremos en actuar de manera rigurosa para evitar que tragedias como esta se repitan”.
De ser halladas responsables, las empresas podrían enfrentar sanciones económicas que van desde uno hasta setecientos salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno de los cargos.
