Iris Marín fue posesionada como la nueva defensora del Pueblo en un acto realizado en Nuquí (Chocó) por el presidente Gustavo Petro. Su elección en el Congreso, con 170 votos de 186 posibles, la convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo, destacando en una terna compuesta únicamente por mujeres.
La nueva defensora del Pueblo es una abogada con una trayectoria destacada en la justicia transicional, habiendo jugado un papel crucial en el Acuerdo de Paz con las FARC, asesorando al gobierno de Juan Manuel Santos. Su experiencia y conocimiento le permitieron obtener el respaldo de diversas bancadas en el Congreso, incluyendo partidos como el Conservador, Liberal, La U, Verde-Centro Esperanza, las curules de paz y hasta el partido opositor Cambio Radical.
Durante su posesión, el presidente Petro pronunció un discurso en el que hizo un recorrido histórico sobre la Independencia de Colombia y el papel de la población afrodescendiente. Adicionalmente, manifestó su tristeza por la decisión de su hija, Antonella, de irse del país debido a la persecución que sufrió en redes sociales y en las calles.
La Defensoría del Pueblo, una entidad con más de 2.400 funcionarios y 100 contratistas, cuenta con un presupuesto superior a los $1,2 billones para este año. Su principal función es proteger e impulsar los derechos humanos y garantizar las libertades de los ciudadanos.
En respuesta a las inquietudes sobre su independencia, Iris Marín enfatizó que las organizaciones de derechos humanos que la postularon buscaron una candidata con experiencia, conocimiento y compromiso con los derechos humanos, así como con la independencia del cargo. Marín también destacó que la elección por parte del Congreso representa una garantía de independencia, ya que la defensora debe actuar con autonomía y criterio propio, sin responder a directrices del presidente.
En este sentido, la elección de Iris Marín no solo marca un hito para la representación femenina en altos cargos del Estado, sino que además reitera el compromiso con la transparencia y la meritocracia en la designación de figuras clave para la protección de los derechos humanos en Colombia.
