La defensa solicitó al juez penal municipal, encargado de las garantías en Armenia, que Melisa Cortés Guzmán sea enviada a arresto domiciliario por su responsabilidad en el accidente vial que causó la muerte de Arles Arbeláez Morales durante el Viernes Santo en Armenia.
El juez, respaldando la solicitud de la defensa, argumentó la falta de pruebas suficientes para justificar la prisión preventiva de la acusada. Además, ordenó que Cortés se presente ante las autoridades cuando sea requerida, permanezca en su hogar en Cajamarca, Tolima, y consideró urgente y necesaria la medida de aseguramiento en su vivienda.
La Fiscalía apeló la decisión de primera instancia y ahora se espera la resolución de un juez del Circuito. Mientras tanto, Cortés saldrá de la prisión en la que se encuentra y será trasladada a un departamento vecino.
La acusación se mantiene como homicidio culposo agravado. En caso de que la acusada acepte los cargos, podría obtener una reducción del 12.5% de la pena. Sin embargo, debido a que fue capturada en flagrancia, no tiene derecho a la reducción del 50%. Podría enfrentar una sentencia de cuatro años y 8 días de prisión. En caso de que se dé esta posibilidad, Cortés podría ser sujeta a arresto intramuros en un establecimiento penitenciario, pero dentro de dos años podría solicitar el arresto domiciliario y, seis meses después, podría redimir su condena por buena conducta, según lo explicaron los abogados.
La abogada defensora, Sandra Urrea, presentó argumentos en contra de la prisión para su cliente, la conductora implicada en el accidente fatal de Arles Arbeláez Morales. Se basó en la acusación de homicidio culposo realizada por la Fiscalía, que fue aceptada por Cortés Guzmán.
Urrea argumentó que el accidente vial fue un evento fortuito, según lo indicado por la Fiscalía. También afirmó que una medida de aseguramiento en una prisión no cumpliría con los requisitos legales, ya que la pena sería mínima y el delito sería excarcelable. Además, señaló que la sociedad no puede actuar al margen de la ley, presentando testimonios de vecinos de la acusada y recibos de servicios públicos que respaldaban la idoneidad de su residencia para la vigilancia.
