La Procuraduría General de la Nación advirtió que de 74.696 medicamentos que se venden en el país, el 73,49% (54.936) no tiene ningún tipo de regulación, el 24% (17.769) está reglamentado por el precio de referencia internacional – PRI, el 2,5% (1.922) tiene un control directo de precios, y el 0.01% (69) tiene una regulación por el Índice de Precios al Consumidor -IPC. Lo anterior son los argumentos principales que motivaron a la Procuraduría para presentar una acción popular para que el gobierno regule el precio de todos los medicamentos, y además denunció que entre 2015 y 2018 el Estado pagó 13 billones de pesos por recobros, que podrían haber sido inferiores si existiera una política de control eficaz.
Según el Ministerio Público la falta de vigilancia puede significar pérdidas anuales por más de $600 mil millones de pesos, por lo que requirió establecer un sistema de control efectivo al precio del 100% de los medicamentos en todos los canales de distribución, que incluyen los adquiridos con recursos públicos de la seguridad social en salud y los medicamentos vendidos de forma directa al público, a través de droguerías y farmacias.
