Más de 200 familias que residen en el sector Bosques de la Cecilia, en Armenia, se encuentran en una situación crítica ante la inminencia de un desalojo ordenado por la justicia. Aunque la diligencia fue inicialmente programada para el pasado 23 de abril, fue suspendida temporalmente hasta que se finalice la caracterización de la población víctima por parte de la Unidad Nacional de Víctimas. La nueva fecha para ejecutar la orden se definirá el próximo 28 de mayo.
Durante un reciente debate en el Concejo Municipal, el concejal Jonathan Rojo hizo un llamado urgente a la administración local para que explore alternativas jurídicas, administrativas y financieras que eviten lo que calificó como “una tragedia social y humana prevenible”.
“El desalojo puede ser legal, pero no necesariamente legítimo desde una perspectiva de derechos humanos”, advirtió Rojo. El cabildante explicó que existen mecanismos contemplados en la ley que permitirían sanear el predio, como la adquisición por parte del municipio, la gestión ante entidades nacionales como el Ministerio de Vivienda o incluso la expropiación con fines de interés social. “Si la administración tuviera el ánimo conciliatorio, ya estaría gestionando estas alternativas. No se ha visto esa voluntad”, agregó.
Desde la comunidad, Yurley Herrera Gaviria, una de las voceras de las familias afectadas, relató que el terreno fue inicialmente utilizado como zona de recreación sin que se presentaran reclamos de propiedad. Con el paso del tiempo, y ante la falta de alternativas habitacionales, las familias comenzaron a construir sus viviendas allí. “Nunca conocimos al dueño, nadie lo cuidaba ni lo reclamaba. Recién cuando empezamos a habitar el predio como residencia fue que surgieron las demandas”, explicó.
Herrera insistió en que la comunidad está dispuesta a dialogar y buscar una salida concertada. “Él quiere su predio, nosotros queremos nuestras viviendas. Pero no tenemos cómo pagar 10 o 20 millones por familia. Pedimos que las entidades nos ayuden a adquirir el lote”, sostuvo. También denunció que la incertidumbre ha afectado gravemente la salud mental de muchas personas del sector. “Hay casos de enfermedades, depresión, intentos de suicidio. Esta situación nos está destruyendo”, lamentó.
Por su parte, Carlos Arturo Ramírez, secretario de Gobierno de Armenia, afirmó que la administración está obligada a cumplir las decisiones judiciales, pero que también está garantizando el respeto a los derechos de todos los involucrados. “Nos hemos articulado con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Estamos pendientes de la caracterización de víctimas para proceder bajo los lineamientos legales. No se trata solo de ejecutar una orden, sino de hacerlo respetando las garantías de todos”, afirmó.
El funcionario aclaró que, aunque la Secretaría de Gobierno lidera la preparación de la diligencia, las soluciones estructurales como la compra del predio o la reubicación de las familias corresponden a otras dependencias y niveles de gobierno. “Estamos organizando el operativo con enfoque de derechos humanos, incluso considerando la protección de animales domésticos. Pero la solución de fondo debe construirse entre todos los actores”, puntualizó.
El futuro de las 205 familias sigue en vilo. La comunidad insiste en que no se oponen al diálogo ni a la legalidad, pero piden que se priorice el interés social y se evite una confrontación que podría escalar en violencia. Tanto el concejal Rojo como los líderes barriales coinciden en que aún hay rutas jurídicas por explorar y que la voluntad política puede marcar la diferencia entre una crisis y una solución concertada.
