El proyecto de acuerdo 01 de 2024, que establece la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2009, fue aprobado por la comisión primera del Concejo de Armenia el pasado jueves 25 de abril. Sin embargo, el proceso ha estado envuelto en polémica desde el sábado pasado 20 de abril, cuando la plenaria tuvo que devolver el documento a la comisión debido a un error grave: la administración municipal radicó dos proyectos distintos, uno digital y otro físico, lo que constituyó un yerro gravísimo para el trámite de la iniciativa.
En medio de la sesión del pasado jueves, se debatieron varios aspectos del proyecto, incluyendo la modificación de ocho artículos, principalmente cambios técnicos.
También se abordaron asuntos de fondo, como el “mico” relacionado con la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en restaurantes, que fue revertido gracias a la intervención del presidente de la corporación, Juan Camilo Tabares Alzate, de Cambio Radical.
Tabares Alzate también cuestionó las facultades extraordinarias que la iniciativa pretendía otorgarle a la secretaría de Planeación para aprobar o negar proyectos de construcción, proponiendo en su lugar establecer una lista de chequeo con requisitos objetivos, lo cual fue aprobado por la comisión.
El punto más controvertido del proyecto sigue siendo el cobro de la plusvalía en planes parciales y zonas de expansión. En la modificación del artículo 3 se incluyó un parágrafo que establece que el municipio de Armenia deberá determinar las tarifas correspondientes a la plusvalía generada dentro de los 6 meses siguientes a la sanción del acuerdo.
El concejal ponente Richard Alexis Gutiérrez, de Colombia Renaciente, votó negativo la modificación, argumentando que Armenia no ha tenido en cuenta la plusvalía durante más de 15 años. Según él, este tributo podría ser una fuente de recursos importante para el cumplimiento de las obras prometidas en el plan de gobierno del alcalde Padilla García.
Por otro lado, Tabares Alzate manifestó su desacuerdo con el cobro de la plusvalía, considerando que sería otro impuesto adicional que se le cobraría a la ciudadanía, sumándose a la actualización catastral y al cobro de valorización.
