A partir del 1 de julio de 2025, la Ley 2346 de 2024 obligará a los alcaldes a alimentar a las personas detenidas en instalaciones transitorias (CDT, URI y estaciones de policía).
Ante esta nueva responsabilidad, que antes era de la Uspec por decisión de la Corte Constitucional, el alcalde de Armenia, James Padilla García, anunció que junto a otros mandatarios solicitará recursos al Gobierno Nacional.
Padilla señaló que esta carga adicional requiere apoyo económico central para asegurar una atención adecuada a los detenidos y espera un plan financiero del gobierno para afrontar este reto logístico y presupuestal.
