A través del Decreto 0030 de 2026, el Gobierno Nacional formalizó la eliminación de la prima de régimen especial que beneficiaba a los miembros del Congreso de la República. La medida, que había sido anticipada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca reducir el gasto público y ajustar el régimen prestacional de los parlamentarios a los actuales marcos de austeridad fiscal.
El articulado, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública el pasado 19 de enero, deroga de manera definitiva el Decreto 2170 de 2013. Aquella norma, vigente por más de una década, regulaba el pago mensual de este beneficio bajo el amparo de la Ley 4 de 1992.
Sin embargo, el nuevo decreto establece una transición clara, la medida no afectará a los actuales congresistas, sino a quienes resulten electos en los comicios del 8 de marzo de este año y los efectos fiscales de la eliminación iniciarán el 20 de julio de 2026, fecha en que se posesionará la nueva legislatura.
Para blindar jurídicamente la decisión, el Gobierno se apoyó en la Sentencia C-608 de 1999. Dicho fallo de la Corte Constitucional aclaró que, si bien la ley permite contemplar primas de salud, localización y vivienda, estas no son de carácter obligatorio o forzoso para el Ejecutivo. Bajo este criterio, el Gobierno tiene la potestad discrecional de incluirlas o no en sus decretos, dependiendo de si las circunstancias fiscales y de mérito lo justifican.
