El caso que involucra al presidente Gustavo Petro por el supuesto intento de inyección de dinero a su campaña por parte de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, sigue generando controversia y se mantiene en la agenda pública.
A medida que surgen nuevos detalles sobre los movimientos financieros relacionados con el progresismo, la oposición ha intensificado sus críticas y exige que el proceso avance hasta sus últimas consecuencias.
El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático y aspirante a la Presidencia, presentó el jueves una nueva denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, señalando una presunta financiación irregular en la campaña que llevó a Petro al poder.
El fundamento de la denuncia se basa en las revelaciones surgidas en un reciente consejo de ministros y ampliadas en los últimos días. Según estas versiones, Marín Buitrago habría ofrecido 500 millones de pesos a través del empresario Xavier Vendrell.
Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), relató que Vendrell asistió a un evento de campaña en España organizado por Armando Benedetti, donde también estuvo presente el entonces candidato Petro y el señalado Papá Pitufo.
Un artículo de la Revista Cambio, firmado por la periodista María Jimena Duzán, menciona que una persona acompañó a Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir los 500 millones de pesos, apropiándose además de 50 millones. Rodríguez identificó a esta persona como Néstor Daniel García Colorado, quien, según sus palabras, no era militante del Pacto Histórico.
Estas declaraciones fueron rechazadas tanto por Armando Benedetti como por Vendrell. Este último negó haber sostenido una reunión en Madrid con Marín Buitrago y aseguró que el aporte a la campaña de Petro en 2022 fue rechazado, ya que no se pudo verificar su procedencia.
Frente a las versiones contradictorias sobre los hechos, el senador Uribe insistió en que el presidente debe rendir cuentas ante la justicia.
Además, cuestionó la afirmación de Petro sobre la devolución del dinero, argumentando que no se hizo bajo los procedimientos legales establecidos y que no hay evidencia documental, como un video, que pruebe que el monto fue efectivamente regresado.
El congresista calificó la situación como un escándalo de gran magnitud y afirmó que lo revelado hasta el momento deja numerosas dudas que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Por su parte, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, también del Centro Democrático, encabezó en Bogotá una manifestación exigiendo un juicio político contra el mandatario por el presunto incumplimiento de los límites de financiación de campaña.
Según el congresista, si se confirma esta infracción, Petro podría enfrentar la destitución o la suspensión de sus derechos políticos, como lo establece el artículo 109 de la Constitución.
Hasta agosto del año pasado, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara mantenía 114 procesos abiertos contra el presidente por denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la financiación de su campaña de 2022.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido continuar con la investigación en curso sobre un posible sobrepaso en los límites de financiación, especialmente en la segunda vuelta, donde la cifra podría haber superado los cinco mil millones de pesos.
