El mandatario Gustavo Petro criticó con dureza la elección de Carlos Camargo Assis como nuevo integrante de la Corte Constitucional, tras su aprobación en el Senado el 3 de septiembre con amplio respaldo (62 votos). En un mensaje publicado en X, el presidente puso en duda la transparencia del proceso, sugiriendo que respondía a intereses políticos y a una red de influencias entre magistrados y legisladores.
Petro vinculó el nombramiento con el histórico “Cartel de la Toga”, un esquema que, según su versión, involucró a abogados ligados al partido Cambio Radical y que habría manipulado decisiones judiciales, incluso en casos de parapolítica. El presidente describió este fenómeno como un sistema corrupto donde se comercializaban fallos y doctrinas legales para beneficio propio.
En su análisis, el jefe de Estado también denunció la impunidad en crímenes contra derechos humanos, especialmente los cometidos contra miembros de la Unión Patriótica y campesinos del norte de Antioquia. Afirmó que estos hechos fueron parte de una “estructura de poder paramilitar”, respaldada por grupos armados al servicio del narcotráfico y con peso en elecciones. Las cifras que mencionó son contundentes: 90.000 campesinos asesinados y miles de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
El cuestionamiento se extendió a la Corte Suprema de Justicia, a la que preguntó por qué sectores de ese tribunal promovieron a Camargo, a quien asoció con el legado de esa “gobernanza paramilitar”. Además, criticó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que decisiones de la Corte Constitucional habrían obstaculizado la confesión de crímenes por parte de paramilitares y narcotraficantes.
Por último, el presidente dirigió sus reproches a la Fiscalía General, bajo el mando de Francisco Barbosa. Lo presentó como continuador de la línea de Néstor Humberto Martínez —exfiscal vinculado al caso Odebrecht— y acusó a la entidad de bloquear investigaciones clave, señalando irregularidades graves en su gestión.
