La Corte Constitucional ha declarado inexequible el Decreto Ley 1961 de 2023, que permitía al Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) suscribir contratos directamente con juntas de acción comunal para obras de vías terciarias. Esta determinación ha provocado una intensa respuesta del presidente Gustavo Petro, quien, tras un silencio de varios días, apareció en sus redes sociales para criticar la resolución del tribunal.
Petro argumenta que la posibilidad de contratar con comunidades representa un avance hacia una democracia participativa y añade que promueve la transparencia en la gestión de los recursos públicos. En su publicación en X, se refirió a la eliminación del artículo 35 del decreto como un obstáculo para el desarrollo comunitario y un retroceso en el proceso de inclusión social.
La Corte, por su parte, ha fundamentado su fallo en la falta de competencias del presidente para hacer modificaciones en el régimen de contratación estatal. Los magistrados advirtieron que tales cambios vulneran principios esenciales de la Constitución, como la igualdad y la transparencia. Enfatizaron que el presidente debe operar dentro de los límites establecidos por la Carta Magna y que sus facultades extraordinarias son limitadas y deben ser usadas con responsabilidad.
Luis Guillermo Vélez, de la Fundación para el Estado de derecho, respondió a las críticas de Petro, afirmando que el problema no es el empoderamiento de las comunidades, sino la violación de las competencias legislativas.
El representante Hernán Cadavid, quien interpuso una de las demandas contra el decreto, celebró la decisión de la Corte como un triunfo para la legalidad. Cadavid expresó su preocupación por la posibilidad de que se entregaran recursos a entidades sin la experiencia necesaria, lo que podría llevar a un uso ineficiente de los fondos públicos, especialmente con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte.
