El mandatario colombiano Gustavo Petro aludió al asunto relacionado con el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua y es buscado por las autoridades judiciales del país.
En su perfil de X, el jefe de Estado manifestó que las instancias judiciales colombianas exigen la comparecencia de González y que se pedirá al Ejecutivo nicaragüense su entrega, en caso de que resida allí.
Esta afirmación surge en el contexto de la controversia generada por la presencia de González en Managua, ya que la Fiscalía lo persigue por su supuesta implicación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con acusaciones que incluyen cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos.
Por ahora, no se ha activado la alerta roja de Interpol para su detención a nivel global, lo que implica que su arresto en el extranjero no ocurriría de forma inminente.
Entretanto, prosigue la indagación en su contra, junto con eventuales medidas diplomáticas para facilitar su regreso a Colombia.
La situación se ha visto agravada por el alojamiento de González en la vivienda oficial de la Embajada colombiana en Managua.
En sus explicaciones, el exembajador León Fredy Muñoz indicó que lo hospedó y asistió en calidad de amigo, que ellos mismos adquirieron los alimentos y que se trató únicamente de un arreglo habitacional temporal.
La administración de Gustavo Petro ha desmentido rotundamente cualquier intervención para facilitar la estadía de González en Nicaragua.
Tanto el presidente como la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y la exministra Laura Sarabia han negado haber participado en procedimientos migratorios a su favor.
No obstante, documentos divulgados por medios locales revelan que González obtuvo la residencia nicaragüense el 21 de mayo de 2025, coincidiendo con el día en que la Fiscalía General lo acusó formalmente de cohecho y malversación, en conexión con el desvío de recursos en la Ungrd.
Según informes de un medio televisivo nacional, González poseía residencia en Nicaragua desde diciembre de 2024, con vencimiento en junio de 2025.
Un mes previo al fin de su vigencia, la representación diplomática colombiana presentó una petición oficial para extender su cédula de residencia ante el régimen de Daniel Ortega.
La Dirección General Consular del Ministerio del Interior de Nicaragua contestó sin demora, aprobando la gestión y estableciendo un costo de 56 dólares.
Dicho procedimiento tuvo lugar mientras la Fiscalía progresaba en la petición de alerta roja a Interpol, lo cual ha suscitado interrogantes sobre una eventual salvaguarda oficial al exservidor público.
De acuerdo con un medio radial nacional, González residió sin costo en la propiedad diplomática desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025.
En ese lapso, habría convivido en el inmueble con su cónyuge, Luz Dana Leal, quien anteriormente dirigió el sector de Empleo, Trabajo y Emprendimiento en el Sena, así como con personal de la embajada, entre ellos el embajador Muñoz y Óscar Muñoz Giraldo, primer secretario de asuntos exteriores.
La participación de los representantes diplomáticos en Managua ha sido examinada con detalle. Al momento de su llegada a Nicaragua el 5 de noviembre de 2024, el embajador era León Fredy Muñoz, afiliado al partido Alianza Verde, el cual González contribuyó a establecer.
Más adelante, Óscar Muñoz Giraldo asumió la dirección interina de la legación.
Muñoz ha argumentado que, al extender la invitación a González, este no contaba con orden de aprehensión, que solo se facilitó su entrada y no su estatus residencial, y que la prórroga del permiso ocurrió cuando él ya había dejado el cargo.
Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia difundió un boletín desvinculándose de la acción: la nota verbal del 21 de mayo de 2025, firmada por el Encargado de Negocios en la Embajada de Colombia en Nicaragua, no fue consultada ni avalada por esta cartera.
La exministra y actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, igualmente afirmó desconocer las solicitudes.
El origen de los hechos se vincula a las denuncias de Olmedo López, exjefe de la Ungrd, quien apuntó a González como uno de los miembros del gabinete Petro que habría dispuesto el reparto de coimas y adjudicaciones a legisladores para agilizar la sanción de iniciativas gubernamentales.
La pesquisa acerca del supuesto ocultamiento y la utilización de la estructura diplomática para resguardar a un evadido permanece activa, en tanto que la permanencia de González en Nicaragua y las conductas de los agentes implicados siguen siendo objeto de análisis por parte de la justicia y el escrutinio ciudadano.
