En la Asamblea Departamental, la gobernación del Quindío llevó a cabo un conversatorio con la Directora Nacional de Asuntos Religiosos del ministerio del Interior, Amelia Cotes Cortés, en el cual se abordó la temática relacionada con el desarrollo de la Política Pública de Libertad Religiosa.
En este espacio se socializó la inclusión de la libertad religiosa dentro del Plan Nacional de Desarrollo, sus líneas estratégicas y cómo se pretende implementar desde los territorios, siendo este tema, de importancia capital para la administración seccional, dentro del entendido que una sociedad como la nuestra debe ser respetuosa de las distintas vertientes que en materia religiosa aquí coinciden.
La directiva aplaudió los avances con los que cuenta el departamento y las preocupaciones que se tienen en conjunto. Así mismo, los compromisos y vigilancia sobre iglesias de garaje que no cumplen con lo establecido.
Destacó la voluntad política y la articulación que encontró, “aquí lo que encontré es un espacio de diálogo armónico, capacidad escucha, y una capacidad de aportar”.
Así mismo resaltó que ya exista una política pública y una preocupación conjunta por la que desean trabajar; la salud mental, el bullying y la vulneración a la libertad religiosa.
Malas prácticas
Cotes Cortés expuso que han llegado a arreglar la casa y eso sugiere castigar las malas prácticas.
“Lo que está malo hay que condenarlo y denunciarlo y lo que está bien no llegamos a destruirlo sino a complementar esa labor”, señaló la directora.
Reiteró que no vienen a perseguir al sector religioso, sino a resaltar la labor.
Los compromisos
Construir el plan estratégico nacional de la política pública, revisar las instancias, incluir los enfoques que integren mujer, juventud, ruralidad y territorio y por último reglamentación de personería jurídica y registros públicos.
Sobre el último tema señaló que han encontrado que desde 1994 no se reglamentó y ha causado ‘lunares’ dañinos que provocan el foco de estigmatización porque están haciendo cosas indebidas.
Sostuvo que los casos no son necesariamente en la región pero se conocen en todo el país.
Red de tramitadores
De acuerdo con Cotes Cortés, muchas de esas iglesias están siendo constituidas para evadir impuestos, para lavado de activos y hay una red de tramitadores que se prestan para eso, realizando personerías jurídicas por las que cobran entre $4 y $15 millones, cuando no tiene costo.
En el caso de entidades extrajeras cobran entre 1.500 hasta 11 dólares por personería.
Así mismo reveló que están utilizando el nombre de personas para hacer entidades religiosas.
Libertad religiosa
La ley estatutaria de libertad religiosa le da todo al individuo que puede creer en lo que quiera.
Sin embargo, dentro de las regulaciones se establece, entre otras cosas, que aunque la persona es libre de creer en lo que quiera, está prohibido el satanismo, hechicería, brujería, asuntos parapsíquicos y paranormal y todo lo que afecte el orden público.
Sobre lo anterior sostuvo que “No estamos dando permisos para eso, rechazamos esas solicitudes. Peor también informamos a las autoridades competentes para investiguen a quienes estén utilizando una personería para hacer sosas ilícitas”.
