La Sala de Primera Instancia condenó en la mañana de este jueves al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, a 21 años y ocho meses de prisión por actos de corrupción relacionados con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de ese departamento.
El magistrado Ariel Torres anunció la pena contra el hijo de Cielo Gnecco por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Durante la audiencia, el togado reveló que Monsalvo Gnecco también enfrentará una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo período y deberá abonar una multa de $1.537′021.828, además de consignar $92′678.000 a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho, equivalente a 71.26 salarios mínimos mensuales de la época de los hechos.
Tras el anuncio, el abogado José Luis Barceló, defensor del exgobernador, solicitó cinco días para apelar la decisión del tribunal. Por su parte, Monsalvo Gnecco expresó su intención de presentar una apelación personalmente.
Según la investigación de la Corte, Monsalvo Gnecco habría direccionado un contrato de alimentación a una empresa que no cumplía con los requisitos legales, lo que habría permitido que terceros se apropiaran de más de $3.000 millones. El contrato, firmado entre el departamento del Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015, tenía como objetivo proporcionar servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes del departamento por un valor inicial de $17.145 millones.
Para el tribunal, se evidenció una “inadecuada elaboración de los estudios previos, así como la exigencia de requisitos que solo el consorcio favorecido podía cumplir, el aumento injustificado del costo unitario de la ración con inclusión de valores no justificados y en ocasiones inflados, y la falta de rigurosidad en la elaboración del presupuesto”. Estos factores sugieren que el exgobernador “encabezó” todas las acciones necesarias para beneficiar a terceros con recursos públicos.
Monsalvo Gnecco fue detenido preventivamente en 2021 por este caso y actualmente cumple prisión domiciliaria. En la audiencia del pasado miércoles 14 de febrero, José Luis Barceló, exmagistrado de la Corte Suprema y abogado del miembro del clan Gnecco, solicitó que el exgobernador no fuera trasladado a un centro penitenciario, argumentando la emergencia carcelaria declarada por el Gobierno el mes anterior.
