El Tribunal Administrativo de Cundinamarca está revisando una decisión crucial que podría poner fin a los costosos viajes de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, y su séquito, financiados con fondos públicos. Según informes de medios, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal considerar una argumentación legal que cuestiona las asignaciones de funciones y viáticos a Alcocer y su equipo para representaciones oficiales del Estado, a pesar de no ser una funcionaria pública.
El auto del tribunal indica que se infringió la Constitución Política al nombrar a Verónica Alcocer como embajadora en Misión Especial. La Procuraduría General de la Nación ha pedido la anulación de los decretos que permitieron estos nombramientos, argumentando que “no existe razón legal alguna” para designar a la esposa de Gustavo Petro en tales misiones.
La controversia se centra en la asignación de aproximadamente 60 millones de pesos solo en viáticos para al menos tres viajes oficiales, que incluyen eventos destacados como el funeral de la Reina Isabel II y una audiencia con el papa Francisco en el Vaticano, entre otros.
Según el documento citado por medios, se determinó que desde la presidencia se han infringido normativas, como la establecida en el artículo 126 de la Función Pública, que prohíbe a los servidores públicos nombrar, postular o contratar a personas con las cuales tengan parentesco cercano.
La Procuraduría argumenta que el presidente infringió esta disposición al designar a Alcocer. El Gobierno defiende las acciones tomadas con respecto a la primera dama, citando disposiciones legales vigentes y aplicables para cumplir una “función social”.
El Departamento Administrativo de la Presidencia destacó que la designación de Alcocer como embajadora en misión especial se basó en prácticas previas y no constituye un abuso de poder. Sin embargo, se han suscitado críticas debido a la inclusión de varios acompañantes en estos viajes, sin funciones claras, lo que ha elevado el costo a más de 1.000 millones de pesos. La sociedad colombiana ha expresado su desacuerdo con estos gastos, calificándolos como “innecesarios”.
La controversia entre la Presidencia y la Procuraduría ha llevado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a considerar la posibilidad de poner fin a los viajes de la primera dama.
La investigación sobre el uso de recursos, realizada por La Silla Vacía, reveló los costos de la imagen de la esposa de Petro en el extranjero, pero también identificó vacíos y contradicciones en la respuesta de la Presidencia, como el papel de ciertos acompañantes contratados por distintas entidades, pero que aparentemente sirven principalmente a la primera dama.
