El gobierno de Gustavo Petro ha tomado una decisión polémica al suspender la extradición de Willington Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, un importante líder del frente 33 de las disidencias de las FARC. A pesar de que Estados Unidos había solicitado su extradición por cargos de narcotráfico, el presidente Petro ha concedido la solicitud inicialmente, pero luego la ha suspendido.
La justificación oficial se basa en la participación de “Mocho Olmedo” en los diálogos de paz, un principio garantizado por la Constitución colombiana.
Este caso ha generado controversia, especialmente considerando que “Mocho Olmedo” ha recibido protección estatal en el pasado, incluso después de su captura en febrero en el Catatumbo.
Documentos revelados por un medio de comunicación nacional indican que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mantuvo a “Mocho Olmedo” bajo vigilancia durante 55 días sin informar completamente sobre su paradero o esquema de seguridad.
La decisión del gobierno de Petro busca evitar que la extradición interfiera con el progreso de los diálogos de paz, especialmente en la zona de Catatumbo, donde se espera que se concentren las fuerzas de las disidencias.
Esta no es la primera vez que se suspende una extradición bajo esta premisa, precedida por el caso de Gabriel Yepes Mejía. La decisión actual establece que la extradición solo se procederá si “Mocho Olmedo” contribuye de manera verificable y concreta al proceso de paz.
