En la última semana, estalló un nuevo escándalo relacionado con una presunta financiación irregular de Fecode a la campaña presidencial de Gustavo Petro, generando reacciones entre los líderes políticos del país, quienes exigen la destitución del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
La Fiscalía llevó a cabo una inspección el pasado lunes, 22 de enero, en las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), después de que se conociera la posible financiación ilegal de la campaña de Petro por 500 millones de pesos. La visita se realizó en la sede principal en Bogotá, solicitando actas y detalles del cheque entregado a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Colombia.
Nelson Alarcón, entonces tesorero de Fecode, fue citado por la Fiscalía para declarar sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro en 2022. Alarcón explicó que se esforzaron por evitar que los recursos ingresaran directamente a la campaña, afirmando haber hecho la donación y gestionado todos los trámites.
El representante Juan Espinel, segundo vicepresidente de la Cámara, publicó un documento de Fecode que, según él, demuestra que aportaron $500 millones a la campaña de Gustavo Petro. Espinel alegó que ese dinero no fue reportado oficialmente y que se violaron los topes autorizados. Además, exigió la renuncia de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para salvaguardar la credibilidad de la institución.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se sumó a las críticas, afirmado que el acta de Fecode evidencia un aporte no reportado de $500 millones a la campaña de Petro. También señaló que la investigación desmiente las afirmaciones de Petro sobre un “golpe blando” o persecución sin fundamento.
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt Pulecio también se pronunció en redes sociales, alegando que Petro ocultó ingresos y violó los topes de campaña, mostrando el acta de Fecode como prueba. Instó a las autoridades, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema, a investigar y aplicar la ley, considerando la elección de Petro como ilegal.
